Un millar de trabajadores de Correos de Balears están llamados mañana a la huelga

Según aseguró hoy la secretaria provincial de CCOO en Baleares, Montse Pascual, los sindicatos considearn este anteproyecto "la ley del punto final", puesto que es "privatizador" y deja "desamparados" a los trabajadores del servicio postal público, que en las islas ascienden a algo más de 1.000 (700 trabajadores laborales y 400 funcionarios).

Ante esta coyuntura, los representantes de las centrales pidieron que Correos "siga siendo operador público" y que se mantengan los puestos de trabajo, por lo que han convocado un paro para mañana "que afectará a todos los turnos" y en el que la empresa no ha fijado ningún tipo de servicio mínimo.

En este sentido, Pascual explicó que las movilizaciones de los sindicatos contra esta medida del Gobierno central comenzaron el pasado 16 de mayo, tras la aprobación de una bajada del 43 por ciento en los presupuestos de Correos respecto al año pasado, que implicó una reducción de puestos de trabajo y el cierre de algunas oficinas.

Asimismo, esta ley propuesta por el Ejecutivo permite la creación de empresas postales privadas a partir del 1 de enero de 2011, momento a partir del cual comenzarían a competir con Correos, que cuenta actualmente con 60.000 trabajadores en toda España.

Ante esta posibilidad, la secretaria provincial de CCOO recordó que el sindicato pidió entonces que esta competencia se regulara y "que fuera legal".

Según la secretaria provincial del CSIF en las islas, Manuela Zapatero, el Gobierno ya planteó "un amago de privatización" de Correos y de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) un día antes de aprobar el recorte del 5 por ciento de media en el salario de los empleados públicos y la congelación de las pensiones retributivas, lo que confirma, según su opinión, que el Ejecutivo "ha pasado de proteger a Correos y ha optado por la liberalización, siendo la privatización el paso siguiente".

Ante los resultados de un estudio para un plan estratégico que la dirección de Correos encargó a una empresa de asesoría jurídica y tributaria, que concluían que en la empresa sobraban unos 18.000 puestos de trabajo, el secretario provincial del Sindicato Libre, José Mauro Ulloa, aseguró que los armarios de la corporación "están llenos de certificados sin repartir" y que había empleados "que suplen a tres compañeros", lo que demuestra, dijo, que no sobran trabajadores.

Por otra parte, Ulloa remarcó que Correos es la empresa "más valorada de la administración por parte de los ciudadanos", y añadió que con una privatización derivaría en una pérdida de calidad del servicio.

"No conozco nada que se haya privatizado y que siga ofreciendo un servicio igual", aseveró el portavoz del Sindicato Libre, que explicó que "lo que puede pasar" es que Correos "se desguace", que se pierdan puestos de trabajo y que el servicio se de "bastante mal", a pesar de que la empresa haya registrado "12 años de beneficios".

No obstante, según Ulloa, la "prueba evidente" de que esta empresa pública se va a privatizar es la eliminación por parte del Gobierno de la cláusula que impide a los funcionarios trasladarse a otros ministerios.

Por su parte, su homólogo de la CGT, Luís Camarero, anunció que "lo que está en juego es el servicio público" y que con estas medidas del Ejecutivo "se acaba Correos", que actualmente "tiene fecha de caducidad".

En este sentido, aseguró que en el Anteproyecto "desaparece el concepto de servicio público" y auguró que "la próxima batalla" tendrá lugar en la Seguridad Social o en la enseñanza pública.