El Consell gestionará a partir del próximo 1 de febrero las labores de vigilancia pesquera y de promoción de calidad de los productos agroalimentarios, así como de seguimiento de las producciones agropesqueras de la Isla, que hasta el momento llevaba a cabo el personal del Servei de Millora Agraria S.A (SEMILLA), una empresa del sector público autonómico adscrita a la Conselleria de Presidencia del Govern.
Así lo establece el acuerdo firmado ayer entre el Govern y la administración insular en el transcurso de un acto que contó con la asistencia del conseller de Presidencia, Albert Moragues, el presidente del Consell, Marc Pons, y el director general de Coordinación y Traspasos de Agricultura y Pesca, Fernando Pozuelo.
Según el comunicado emitido por el Govern, el convenio suscrito en Palma actualiza las transferencias de agricultura y pesca a la Administración insular aumentando los medios personales y patrimoniales destinados a la misma. La ampliación de la transferencia tendrá un coste efectivo superior a los 230.000 euros.
El Ejecutivo autonómico traspasará un técnico de grado medio, que se encargará de realizar el seguimiento de las producciones agroalimentarias y agropesqueras; un técnico de grado medio y una administrativa, que llevarán a cabo las labores de la promoción alimentaria, y un patrón, un marinero y una marinera; que vigilarán la Reserva Marina del Norte de Menorca. Asimismo, el Govern cederá una embarcación para llevar a cabo las labores de vigilancia pesquera.
CAza
La asunción de nuevas competencias coincidía ayer con la convocatoria de una rueda de prensa a cuenta de las competencias de caza. El Partido Democrático de Ciutadella (PDC) salió a la palestra para expresar las dudas que persisten entre el colectivo de cazadores -que aglutina a unas 1.800 personas en Menorca- respecto a la gestión de las mismas.
"En positivo podríamos mencionar la apertura de una delegación en Ciutadella para dar de alta las licencias pero dicho esto se plantean otras cuestiones negativas como el hecho de que haya que sacarse una licencia por isla, algo que no entendemos por mucho que ésta sea una comunidad de territorio discontinuo", explica Sole Sánchez, del PDC.
La formación que ha hecho suyas las reivindicaciones de los cazadores se plantea cómo se gestionarán los 90.000 euros con que se dota la transferencia. "Nos preguntamos si con el traspaso, la gestión será la misma, se optimizará o si con la excusa de la crisis iremos a peor", cuestiona Sánchez. El PDC alerta, además, sobre una de los principales temas que preocupan al colectivo, el de las armas camino a Maó, es decir, la necesidad de tener que trasladarse al municipio de Levante para pasar las correspondientes revisiones.
Sánchez, quien alaba "la labor activa" y desconocida del colectivo de cazadores, mostró su descontento sobre la falta de respuestas que ha seguido a los requerimientos hechos al Consell y su intención de seguir luchando por este grupo "porque nos hemos acercado a ellos y confían en nosotros".
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