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El que fuera copropietario del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, aseguró en calidad de imputado ante el juez instructor del caso Mar Blau que "jamás" ha pagado comisiones a cargos públicos a cambio de concesiones, y en particular en el marco del concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Balears (APB) para la explotación de amarres del puerto de Maó.

"Eso es un disparate, jamás haría algo parecido. No lo he hecho nunca ni lo he consentido en cincuenta años como empresario", aseveró tajante. Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, el propietario al cincuenta por ciento del conglomerado Trapsayates, se desvinculó del presunto amaño del proceso para favorecer que su empresa resultase adjudicataria, si bien tenía constancia de las "presiones" que se producían desde otra de las mercantiles licitantes, el Club Marítimo de Mahón, "con el objetivo claro de alterar el resultado del concurso y, por supuesto, en detrimento de Trapsa".

Sobre el empresario pesan entre otros los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y contra la hacienda pública, y apuntó al consejero delegado de Trapsa, Juan Manuel Domínguez -también imputado- como la persona con autonomía "total" para gestionar Trapsa.

Silencio ante las acusaciones

"No estaba desvinculado de mis empresas pero de esa sí, ya que era una compañía muy pequeña e insignificante en el conjunto", incidió Pascual, quien se negó a responder a las preguntas de las acusaciones particulares personadas en este caso.

Finalmente, al ser inquirido sobre si su hijo Gonzalo se reunió con el presidente de la APB, Francesc Triay, en el marco de estos hechos, respondió que le pidió que acompañase a Domínguez al objeto de ir aprendiendo sobre el negocio náutico y "si en una reunión estuvo con el señor Triay fue por pura casualidad". "Sólo tenía intención de que mi hijo aprendiese, no estaba en la plantilla de Trapsa y no tenía ningún tipo de poder", sentenció.

Cabe recordar que el otro propietario de Trapsa y ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, ya prestó declaración como imputado.