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El exconseller de Obras Públicas del anterior Govern de Francesc Antich, Jaume Carbonero, ha acusado al Ejecutivo del PP de estar "mintiendo" respecto al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Convenio de Carreteras (1998-2004) alcanzado entre el Ministerio de Fomento y el Govern de Jaume Matas.

Cabe recordar que el PP informó el pasado martes de que el Tribunal Supremo había publicado en marzo una sentencia, que ratificaba una anterior de la Audiencia Nacional, en la que supuestamente se estipulaba que la Comunidad balear debía recibir alrededor de 333 millones de euros del Estado por el Convenio de Carreteras.

Carbonero ha explicado en rueda de prensa que en 1998 el entonces presidente de la comunidad, Jaume Matas, y el ministro de Fomento, Arias Salgado, firmaron el citado Convenio de Carreteras. No obstante, en 2004, con la llegada del PSOE al Gobierno, la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anuló dicho convenio mediante una orden ministerial debido a que se habían producido "graves incumplimientos".

Estos incumplimientos hacían referencia a plazos de ejecución, a temas relacionados con el presupuesto de las obras y a la supervisión de proyectos por parte del Gobierno central, ha detallado el socialista.

Ante la rescisión del convenio, el Govern balear presentó un recurso ante la Audiencia Nacional, la cual en abril de 2008 resolvió en una sentencia que el Ministerio no podía anular el convenio de manera unilateral y que ello debía aclararse en el seno de la Comisión Bilateral Mixta. Así, Carbonero ha subrayado que esta primera sentencia ya no entraba en el fondo de la discrepancia, sino tan sólo en la necesidad de convocar a la comisión para resolver allí el asunto.

Tras ello, el Govern de Antich interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la devolución del dinero que debía recibir la comunidad del Estado, al tiempo que se solicitó la convocatoria de la Comisión Mixta. El Tribunal Supremo publicó una sentencia en marzo en la que falló que la pretensión de la comunidad de que se le abonaran los 333 millones de euros del convenio era "improcedente" en tanto que este asunto debía ser abordado en la Comisión Mixta. De este modo, el fallo del Tribunal Supremo ratificó la sentencia anterior de la Audiencia Nacional, ha puntualizado Carbonero.

Carbonero ha remarcado que la sentencia del Tribunal Supremo fue enviada a la Abogacía del Govern el 18 de marzo y que, en cuanto fue conocedor de ella, el 23 de marzo, envió un escrito al Ministerio de Fomento para solicitar que convocara la Comisión Mixta con el fin de aclarar este asunto.