El Parlament convalidó ayer el decreto ley de medidas urgentes para reducir el déficit del sector público en la Comunidad balear y que permitirá recortar en 70 millones de euros el gasto de personal de la Administración pública este año.
El decreto, que se ratificó con los votos de la mayoría del PP, el rechazo de los grupos de izquierda y la abstención del diputado no adscrito y exparlamentario del PP, Antoni Pastor, entró en vigor el pasado día uno y es necesario, según defendió el vicepresidente económico, José Ignacio Aguiló, para ajustar las cuentas de la Comunidad balear y cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y de déficit del 1,5 por ciento del PIB, marcados por el Gobierno central.
La reducción del gasto público tiene una especial incidencia en el gasto de personal, mediante "la reducción de ventajas que los empleados públicos han obtenido en momentos históricos diferentes al actual", según los argumentos del Ejecutivo autonómico.
Sacrificio solidario
El conseller José Ignacio Aguiló afirmó que dichos beneficios separan actualmente a los funcionarios y empleados públicos "del común de los trabajadores del sector privado" quienes en su opinión deben realizar un "sacrificio solidario con el resto de la población activa del país".
El decreto suspende los complementos retributivos por productividad y servicios extraordinarios de los empleados públicos y además anula las horas extra, los complementos para la prestación por incapacidad temporal, la prolongación del servicio después de la edad de jubilación y los días adicionales de vacaciones y asuntos propios.
La norma se contempla en el plan para el equilibrio económico elaborado por el Govern -que prevé un ahorro global para este año de cerca de 350 millones-, e incluye el incremento de la jornada laboral del personal público de 35 a 37,5 horas semanales, una medida que entrará en vigor el 1 de julio.
La oferta de trabajo público se congela y tanto en sanidad como en educación se suspende la convocatoria de nuevas oposiciones hasta que no se aprueben las respectivas relaciones de puestos de trabajo.
Los detalles
La abstención
El diputado Antoni Pastor, exparlamentario del PP, justificó su abstención en las "formas" utilizadas por el Govern con esta normativa. "Estas decisiones tienen que ser de todos y se tienen que consensuar", afirmó. Pastor aseguró que votó con "total libertad" y que su objetivo es "ser útil a los ciudadanos".
La portavoz del Grupo Popular confesó que la abstención de Pastor le había "sorprendido" y remarcó que evidencia que la ruptura de la disciplina de voto del alcalde de Manacor "no era un tema de la lengua" sino que "había otras motivaciones".
La izquierda
La parlamentaria socialista Lourdes Aguiló intentó sin éxito que el decreto se tramitara como proyecto de ley y el portavoz de PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, Manel Martí, centró sus críticas en el deterioro de los servicios públicos que conllevarán los recortes que sufrirán los trabajadores de la Administración.
El aviso
Mientras la Cámara balear ratificaba el plan de ajuste, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, lanzó ayer una advertencia a las autonomía y aseguró que el "impulso reformista" debe continuar y que deberán aplicar las reformas aprobadas en educación y sanidad "para contar con el apoyo financiero del Estado". "Será imprescindible", subrayó.
Beteta compareció en comisión en el Congreso de Diputados para explicar los planes de trabajo de su departamento y recalcó la importancia de mantener el objetivo de estabilidad presupuestaria, que debe llevar a las comunidades autónomas a cerrar este ejercicio con un déficit del 1,5 por ciento. "Vamos en la dirección correcta", señaló al respecto.
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