Pere Rotger dimite tras confirmarse su imputación

El juez ha considerado que, en este momento, no puede archivarse la causa contra Rotger porque, de hacerlo, quedaría en la aire "la incógnita" sobre la responsabilidad de unos hechos supuestamente delictivos relacionados con la contratación de Over Marketing por parte del Ayuntamiento de Inca.

El juez destaca que Rotger era en ese momento el máximo responsable del consistorio, la persona con quien contactó Over (a través de Antoni Juaneda, exdirector insular del Gobierno en Menorca) y también quien realizó el encargo verbal a Over para que llevara a cabo un trabajo para el Ayuntamiento. Las personas responsables de esa contratación, según la Fiscalía, pueden haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

En su auto, el juez -consciente de la repercusión de su decisión- advierte que su resolución tiene que desvincularse de las consecuencias que pueda provocar, refiriéndose claramente a una dimisión política. El juez señala que no es intención de las decisiones que se adopten en sede judicial provocar dimisiones, pero tampoco evitarlas.

Casi antes de tener tiempo de leer en detalle el contenido del auto judicial, Pere Rotger, con lágrimas en los ojos, ya asumió las consecuencias a las que hacía alusión el juez Castro y anunció su dimisión. Muy poco antes, cuando la noticia de que se confirmaba la imputación de Rotger empezó a tomar forma, la oposición exigía en el Parlament la dimisión del presidente de la cámara legislativa balear, aprovechando para reprochar al president del Govern, José Ramón Bauzá, que la abogacía de la Comunidad Autónoma (personada en la causa) se hubiera sumado a las tesis de la defensa de Rotger, defendiendo -según la oposición- los intereses de los cargos del PP.

En ningún momento, Rotger ocultó su sorpresa por la decisión del juez ni su tristeza por dejar el cargo de presidente del Parlament. Así, el president del Parlament confesó que él "confiaba en la desimputación" y que ayer era un día "muy triste", sin dejar de destacar el honor que ha supuesto ser el presidente del Parlament. Rotger consideró que su decisión de dimitir "es una forma de dar ejemplo a la sociedad". Asimismo apuntó que aunque da un paso atrás, le gustaría seguir como parlamentario, si bien ha puesto su acta de diputado a disposición del partido.

De inmediato, Rotger tuvo el respaldo personal del president del Govern, José Ramón Bauzá, quien aseguró que su dimisión "es un gesto que le honra", destacando que ha sido "una decisión totalmente de Rotger", descartando así una orden o sugerencia de dimisión por su parte. Bauzá no dudó en mostrar su "apoyo personal" a Rotger y le agradeció públicamente "el extraordinario trabajo" realizado al frente de la Cámara balear.

En cuanto a si Rotger podrá o no seguir como parlamentario del Grupo Popular, Bauzá señaló que serán los órganos internos del partido los que tomarán la decisión. "No es cuestión de gustos, sino de una decisión del partido", advirtió Bauzá tras ser preguntado sobre si a él le gustaría que Rotger siguiera como diputado.

Aunque intentó no entrar en el fondo del asunto ni en descalificaciones, el hasta ayer presidente del Parlament (la dimisión se formalizará hoy miércoles) dejó entrever claramente su enfrentamiento con el actual alcalde de Inca, Rafel Torres. Así, aseguró que "sin lugar a dudas" se siente traicionado por Torres, ya que éste es quien le señala como el responsable de la contratación del Ayuntamiento con Over. En este sentido, cabe destacar que en el auto del juez Castro que confirma la imputación de Rotger, se recuerda que Torres dijo que la contratación era "un compromiso del alcalde (Rotger)".

El juez critica que el Ayuntamiento de Inca pagó lo que debía asumir el PP

El juez Castro, antes de confirmar la imputación de Pere Rotger, valora las circunstancias de la contratación de Over por parte del Ayuntamiento de Inca para el desarrollo de una encuesta sobre calidad de vida y también pruebas documentales como correos y fichas de la agencia Over en las que se dice claramente que "se hincha" la factura que se pasa al Ayuntamiento de Inca, de 15.500 a 17.500 euros y otras en las que se apunta que el curso de portavocía a Rafael Torres no se cobra y se irá absorbiendo en otros trabajos.

Pero el juez va más allá y considera que realmente ese contrato sobre la encuesta que se llevó a cabo es "una compensación" que se da por parte del Ayuntamiento a Over después de que se descartara un proyecto mucho más ambicioso que se desarrollaría hasta 2011, del que dicha encuesta (con un nombre similar) formaba parte. El juez llega a hablar de un contenido claramente "partidista".

Para el juez, ese proyecto mayor tiene un claro carácter político, ya que su objetivo -según se indica en la propia documentación- era preparar la "sucesión" de Pere Rotger por parte Rafael Torres. El juez advierte que en todo caso ese proyecto tendría que haberse presentado al partido y no a una institución pública como era el Ayuntamiento.

Además, Castro apunta que si Antoni Juaneda -la persona de Over que se dirige al Ayuntamiento- ofrece el proyecto al Consistorio debe ser porque así se acordó ya que él es una persona con experiencia política, descartando que se hiciera por error.

Además, el juez recuerda que al ser preguntado uno de los trabajadores de Over sobre por qué se facturó el curso de portavocía al Ayuntamiento y no al partido o al propio Torres, éste respondió que debía ser porque así se acordó con el Ayuntamiento de Inca.

En este sentido, el ministerio fiscal -cuyos argumentos son recogidos por el juez en su auto- señala que puede haberse cometido un delito de malversación de caudales públicos ya que se incluye el citado taller de portavocía en la factura que paga el Ayuntamiento cuando ese trabajo responde a un interés "particular" y no público.