Un sentimiento de satisfacción generalizada recorría ayer las sedes de las organizaciones empresariales menorquinas al conocerse el anuncio del Govern de que su reforma tributaria queda aplazada hasta que acabe la temporada turística. La buena noticia era, sin embargo, incompleta para los portavoces de la pequeña y mediana empresa (PIME) y la confederación CAEB, ya que las patronales mantienen su reivindicación de que el Ejecutivo retire el proyecto de Ley de Medidas Tributarias para la Sostenibilidad Financiera de la Hacienda Pública de las Illes Balears.
"Estamos relativamente contentos porque se aplaza la reforma y no afecta a la temporada, pero seguimos en contra de nuevos impuestos o de posibles incrementos de los que ya existen, porque si se gravan las actividades económicas y el consumo, se resiente toda la economía", afirmó Jordi Bosch, secretario técnico de PIME-Menorca. En la misma línea se manifestó el director de CAEB en la Isla, Josep Fortuny, quien subrayó la "absoluta oposición" de la confederación a "solucionar el déficit" de la Comunidad Autónoma con más carga impositiva sobre las empresas, que "ven así mermada su competitividad y por lo tanto no pueden generar empleo".
Contundente fue asimismo la presidenta de la Asociación Menorquina de Alquiler sin Conductor, asociada a PIME, Joana Capó, quien declaró "estamos encantados, aunque la gran noticia habría sido que ni siquiera lo hubieran planteado o que se hubiese aplazado antes, porque mucho daño ya está hecho". Según Capó, las empresas no han podido ofrecer un precio final cerrado a los clientes que se interesaban por alquilar un coche, ya que no sabían con exactitud cómo iba a repercutir el impuesto. "Es muy difícil vender un producto sin saber el precio final, era una barbaridad, además se castigaba al turista de calidad", señaló.
La patronal de 'rent a car' no puede dar una cifra exacta pero estima que entre 3.000 y 4.000 vehículos están pagando ya su impuesto de circulación en localidades de la Península. La mayoría de las empresas decidieron, como medida de presión contra el impuesto 'verde' que les obligaba a subir los precios del alquiler, dar de alta sus coches en municipios fuera de la Isla.
El perjuicio económico se lo han llevado en este caso los ayuntamientos isleños, que han dejado de recaudar por este concepto. "Estamos en una economía abierta", opinó Josep Fortuny al respecto, "hacer experimentos a nivel local solo hace que nuestra economía sea menos competitiva y que los turistas se vayan a otro sitio, no es una buena idea tener aquí una carga fiscal más elevada que en otros sitios".
La duda que genera una posible retirada de la reforma tributaria, como exigen los empresarios, es cómo resolverá el Govern el descenso de unos ingresos ya previstos en sus cuentas y que ascienden, en todas las Islas, a 55 millones de euros (alrededor del 10 por ciento de dicha cantidad en Menorca). "Siempre desde CAEB lo que hemos reclamado es que Balears debe recibir un mejor tratamiento en su financiación del Gobierno, si las Islas contribuyeran al Estado con la media de lo que aportan otras comunidades autónomas aquí no habría déficit", declaró Fortuny.
La patronal hotelera ASHOME, que en diciembre de 2012 presentó alegaciones a la ley, también se hizo eco ayer de la noticia de su aplazamiento. Entre los motivos alegados por el Govern está el hecho de que muchos paquetes turísticos ya tienen un precio comprometido que no recoge los nuevos gravámenes.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.