El conseller de Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, ha señalado este martes que han actuado con «responsabidad» en la decisión de que la gerencia de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) trasladara a la Fiscalía los datos de una auditoría, que fue realizada a instancias del Parlament, a fin de que el expediente pudiera ser estudiado en «profundidad».
En los pasillos del Parlament, el conseller se ha referido de esta forma a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de un presunto caso de corrupción que afecta al Govern del Pacte de la pasada legislatura referido a la compra de vagones de metro de SFM.
«En el momento que se aporta documentación a la Fiscalía fue para que se analizase este asunto», ha aseverado Company, quien ha apuntado que «no tienen constancia de que le hayan pedido más información esta mañana» sobre esta operación.
En este sentido, el conseller ha indicado que SFM ha encontrado «una información que surge de una auditoria y nosotros colaboraremos con la Fiscalía en todo lo que sea oportuno», ha dicho.
«Todos nos dicen que había verdaderas dudas y, a partir de aquí, lo que hemos hecho ha sido trasladarlo a la Fiscalía. Hemos actuado sencillamente con la responsabilidad que tenemos, para comprobar que todo sea correcto», ha apostillado.
MÉS defiende la legalidad del proceso
A raíz de haberse hecho pública la investigación, el secretario general del PSM, Biel Barceló, ha asegurado que el contrato de opción de compra de varias unidades de tren eléctrico durante la pasada legislatura se hizo «de acuerdo con los procedimientos legales oportunamente» por lo que, según ha recalcado, «están absolutamente tranquilos».
En los pasillos del Parlament, el actual portavoz de la coalición MÉS per Mallorca ha señalado que la única información de la que disponen se refiere a un contrato que se hizo en 2005, cuando, tal y como ha recordado, la actual portavoz del grupo popular, Mabel Cabrer, era responsable de Obras Públicas, y que posteriormente en 2008 se ejecuta una opción de compra que permite dicho contrato y que «se hizo de acuerdo con los procedimientos legales establecidos oportunamente».
Tranquilidad
«En todo caso quiero mostrar nuestra tranquilidad ante esta situación», ha remarcado Barceló, quien ha recordado que «si había un consejo de administración que estaba absolutamente mirado con lupa» era el de SFM, donde se controlaba «todos y cada uno de los euros que se gastaron en la pasada legislatura», entre otras cosas porque estaban presentes los servicios jurídicos de la CAIB, los servicios jurídicos del propio SFM y la dirección general de presupuestos, entre otros organismos, por lo que queda demostrado que «había un control exhaustivo».
Por último, ha pedido que se investigue «hasta el fondo» lo que encuentren oportuno la Fiscalía y la Judicatura y ha insistido en que están «absolutamente tranquilos».
Desde el grupo socialista, la diputada Pilar Costa, ha dicho que respetan la actuación de la Fiscalía y ha incidido en que la denuncia hace referencia a un contrato de la anterior legislatura, en la que era presidente del Govern, Jaume Matas.
«Estamos tranquilos de que se investigue y confiamos en que la gestión que hizo el Govern del Pacte fue correcta», ha remarcado al respecto.
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