«Las políticas del Govern balear han ido en sentido contrario a lo que se manifiesta en la introducción de su Plan de Empleo», asegura UGT en un comunicado, con ocasión de la Mesa Social Tripartita que se ha desarrollado hoy en la Conselleria de Economía y Competitividad.
Según el sindicato el Plan de Empleo propicia un modelo económico que ignora los objetivos de la Estrategia Europea 2020 de favorecer un crecimiento inteligente y sostenible con un alto nivel de empleo que ayude a la cohesión social y territorial.
Para el sindicato es «extremadamente grave» que los parados con prestaciones puedan ser obligados a realizar trabajos temporales de colaboración social, ya que se estaría «vulnerando una sentencia del Tribunal Supremo que dicta límites muy estrictos a la posibilidad de obligar a los desempleados a hacer trabajos sociales».
Respecto a la creación de una renta de inserción laboral para parados de larga duración sin prestaciones, el sindicato considera insuficiente la partida de cuatro millones de euros presupuestada para esta medida, en vista de que podrán acceder a ella un máximo de 833 de más de 45 años cada mes.
En opinión de UGT, esta es una iniciativa «discriminatoria porque existen más colectivos de parados de larga duración que no reciben ninguna prestación económica».
La falta de voluntad política del Govern a la hora de destinar los recursos económicos necesarios para ayudar a las personas en riesgo de exclusión social es otra de las críticas del sindicato.
«El Plan de Empleo señala que ha surgido un nuevo perfil de personas sin hogar que lo integran jóvenes, sin hijos e inmigrantes. El Govern es consciente de este drama pero no aporta ningún tipo de solución», insiste.
En este sentido, UGT considera «urgente» hacer un esfuerzo para acometer programas destinados a trabajadores sin ningún tipo de prestación económica ni asistencial que conjuguen empleo, formación y una ayuda no inferior al sueldo mínimo interprofesional.
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Los sindicatos de ultraizquierda UGT y CCOO son las organizaciones que más daño han hecho a los trabajadores españoles en los últimos 40 años. Sus convenios perjudican sistemáticamente a los trabajadores a los que afectan. Y las subvenciones que se llevan son un despilfarro brutal de dinero público. Deberían vivir de las cuotas de sus afiliados, y se les debería quitar todo el poder que tienen actualmente, y que sólo usan para enriquecerse, y crear paro.