Reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears. | J. MOREY

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El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna de Palma, Antoni Noguera, ha renunciado a los 924 euros brutos de dieta que le corresponden por asistir como vocal a las sesiones del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears. Fuentes municipales explicaron que esta renuncia se produce siguiendo los criterios del equipo de gobierno municipal.

Desde Autoridad Portuaria de Balears señalaron que «Noguera anunció en el último Consejo que renunciaba a cobrar esta retribución por asistencia, lo que así se hizo constar en el acta».

El Consejo de Administración de APB está compuesto por veinte miembros, de los cuales ni el presidente del ente público, Joan Gual, ni el director, Juan Carlos Plaza, ni la secretaria de Autoridad Portuaria perciben dieta alguna.

El resto de los vocales cobra 924 euros brutos por sesión, que al cabo del año pueden llegar a sumar un máximo de 10.000 euros. Generalmente se hacen entre nueve y diez consejos de administración anuales. Sobre esta cantidad se aplica una retención fiscal que ronda el 40 por ciento, por lo que la cantidad a ingresar supera los 500 euros netos.

En el Consejo de Administración de APB hay dos integrantes menorquines, el conseller de Presidencia del Govern, Marc Pons, y el concejal del Ayuntamiento de Maó, Vicenç Tur, que ocupa una silla cedida por el Consell de Menorca. Ninguno de ellos ha optado por renunciar a la dieta, como tampoco lo hizo en el pasado mandato la alcaldesa Águeda Reynés, ni los representantes anteriores.

Sobre que otro concejal del ente haya renunciado a la dieta, Tur solo comenta que le parece una cantidad exagerada y que «lógicamente esta dieta no va a incrementar mi patrimonio, como ya pasó en su día». El concejal socialista estuvo en el órgano hace cuatro años.

En el último consejo de administración se explicó que el dinero al que se renuncia se queda en el fondo que Autoridad Portuaria tiene para abonar estas dietas en el conjunto de España, es decir, que la renuncia no tiene una repercusión positiva directa sobre Balears.