El exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa), José Manuel Aguilar, a su llegada a la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP), sede del juicio por el caso Nóos | Cati Cladera

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El que fuera director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de València entre 2003 y 2005, José Manuel Aguilar, quien ha comenzado a declarar pasadas las 16.00 horas como acusado en el juicio del caso Nóos, ha desvinculado al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps de las negociaciones de cara a la contratación del Instituto Nóos para la organización de los denominados Valencia Summit.

«Este señor jamás, nunca, se puso en contacto conmigo absolutamente para nada. No tengo el placer de conocerle en lo personal», ha recalcado el exalto cargo, quien ha aseverado que únicamente ha coincidido con él en actos protocolarios.

Durante su declaración Aguilar ha explicado que cuando en 2004 se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nóos no hizo «ninguna comprobación» sobre la solvencia de la asociación impulsada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

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«No nos lanzábamos a la piscina», ha declarado no obstante Aguilar ante el tribunal que juzga el caso Nóos en la séptima jornada de la vista que se celebra ante la Audiencia de Palma, donde en respuesta a la Fiscalía ha sostenido que decidió que «patrocinar» los foros Valencia Summit era interesante para Cacsa, sin saber que uno de sus promotores era el esposo de la infanta Cristina.

Según sus explicaciones, la forma «profesional» de actuar por parte de Nóos, el aval de la experimentada Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (que copatrocinó el evento) y el respaldo del departamento de comunicación de su propia organización eran razones de peso para confiar en el proyecto que había presentado Torres sin necesidad de un informe que evalúe su experiencia previa.

Para firmar el convenio que supuso la aportación de 1,5 millones por parte de Cacsa por la organización de tres ediciones del Valencia Summit (2004, 2005 y 2006) tampoco era preciso un informe jurídico de la idoneidad de la fórmula contractual elegida, exenta de las normas de contratación pública, ha añadido.