La Administración del Estado recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obligaba a pagar las facturas por el tratamiento de presos en los hospitales públicos de Balears. La Abogacía del Estado planteará el recurso ya que existen sentencias contradictorias de los diferentes tribunales superiores y, en este caso, la mayoría de las resoluciones dan la razón al Estado frente a las comunidades autónomas.
El TSJB resolvió la semana pasada que, puesto que el reglamento penitenciario encomienda la manutención de los reclusos a la administración central, a esta también la corresponde hacer frente a la sanidad, a pesar de que estén dados de alta en la Seguridad Social. La postura del Estado es que reciben atención dentro del sistema nacional de salud y que, por lo tanto, no cabe que se giren facturas por los tratamientos, como ocurre con quien no forma parte de la red de asistencia pública.
En concreto, el pleito se inició por cinco facturas por un total de 5.966 euros que Son Espases giró a la prisión por el tratamiento de unos presos. Un juzgado de lo Contencioso dio primero la razón a la Abogacía del Estado. Ahora se revoca esa resolución. La sentencia apuntaba a que el Reglamento Penitenciario especifica que las prestaciones sanitarias a los presos incumben a prisiones y que debe quedar regulada por un convenio de colaboración entre las distintas administraciones.
El conflicto surge porque en Balears no existe ese acuerdo entre las dos instituciones que regule qué ocurre cuando un recluso necesita atención especializada que no se le puede dar en el propio centro penitenciario.
Al existir una distinta doctrina de los tribunales de Justicia será el Supremo quien tenga que decidir sobre el fondo.
1 comentario
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Bueno con este "desgovern " que nos ha tocado sufrir a los isleños que reparte tarjetas sanitarias a los sin papeles y da ayudas a todo kiski vamos a discutir quien paga los gastos sanitarios de los presos que permite que aya una TV con agujero de 18 millones de deuda a hacienda vamos a ponernos a discutir por 6000€ no es que apruebe el tener que mantener a nadie que aya infringido la ley pero supongo que también tienen sus derechos lo único que pido los del govern es que trabajen y que lo hagan para y por las islas que durante estos dos años lo único que han hecho es intentar mantener su poltrona lo mas cómoda posible