Pere Barceló, en la Audiencia de Palma

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Pere Barceló Rigo, el expárroco de Can Picafort condenado por violar a una monaguilla de diez años y que permanece ingresado en la prisión de Segovia, sigue cobrando su nómina religiosamente.

Según información a la que ha tenido acceso Ultima Hora, el primer sacerdote expulsado de la Iglesia en España por pederastia no ha dejado de percibir su paga ni un sólo día. Fuentes del Obispado reconocen los pagos y apuntan a que se trata de un acto de caridad.

«Estamos hablando de unos pagos con fecha de caducidad. Se le mantiene la paga de forma temporal y nos consta que se le está tramitando la jubilación», señalan las citadas fuentes oficiales. Barceló tiene ahora 65 años.

Fuentes de la Diócesis comentan que se está aplicando el mismo procedimiento que cuando un sacerdote se seculariza. En el caso de Barceló, la paga ronda el salario mínimo interprofesional.

Es habitual que en estos casos el Obispado mantenga durante un tiempo una ayuda económica a los sacerdotes. En referencia al caso de Pere Barceló, la situación es distinta, pero se optó por mantenerle la ayuda económica hasta que logre tramitar su jubilación.

Pere Barceló Rigo ingresó, a principios del mes de agosto de 2016, en la cárcel de Segovia, el mismo recinto carcelario donde el expresident del Govern balear Jaume Matas cumplió nueve meses de condena en su primer ingreso en un centro penitenciario.

El que fuera rector de Can Picafort decidió –asesorado por sus abogados y algunos amigos– cumplir su pena en una cárcel más reducida y alejado de los focos. El penal de Segovia está ubicado en la carretera Nacional 110 de Perogando y cuenta con 344 celdas y 73 complementarias.

Condena

Barceló admitió ante el tribunal haber abusado sexualmente y violado de manera continuada a una monaguilla de su parroquia desde que la niña tenía 10 años y se conformó con una petición de condena de 6 años de prisión.

En el juicio, las acusaciones (la Fiscalía y el abogado de la víctima) y la defensa del expárroco pactaron. El acusado reconoció todas las acusaciones admitiendo la petición de condena de 6 años, así como 5 de prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella. Finalmente, la Fiscalía calificó los hechos como un delito continuado de agresión sexual con penetración bucal y acceso carnal a menor de 12 años apreciando las atenuantes de confesión y reparación del daño.