A pesar de la demostración pública de satisfacción, en las filas del Govern existe cierta frustración por el final de una negociación que ha durado casi cuatro años y en la que se ha implicado de lleno la presidenta, Francina Armengol. Los resultados no han sido los esperados y miembros del Ejecutivo han contactado en los últimos días de forma directa con empresarios de las Islas para pedirles comprensión ante la evidencia de que lo logrado se aleja de los objetivos que se marcaron.
También ha habido contactos políticos con Més y Podemos para evitar una salida excesivamente crítica que tirara por tierra la idea que se ha conseguido un REB aceptable.
En cualquier caso, la postura pública de los miembros del Govern se centra en defender las bondades del texto que este viernes aprobó el Consejo de Ministros. En una reunión informal con los periodistas, la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, defendió que el texto supone un «salto cualitativo» porque es mejor que el negociado en su día con Cristóbal Montoro, a pesar de que aquel incorporaba medidas fiscales.
Cladera se declaró «moderadamente satisfecha» mientras que la portavoz del Govern, Pilar Costa, incidió en que no hay ninguna duda de que las medidas fiscales que se prevén para la próxima legislatura saldrán adelante.
Frente a la calculada prudencia de los miembros del Govern y de sus socios políticos, el presidente del PP, Gabriel Company, cargó contra el magro resultado conseguido por la presidenta. Afirmó que Armengol está manejando un concepto de REB «falso» porque su finalidad no es que Balears esté en la media inversora del Estado, sino compensar las desventajas de la insularidad. También recordó que la ampliación del descuento de residente al 75 por ciento no es un logro de Pedro Sánchez, sino de Mariano Rajoy.
«Queremos apoyar un REB que sea bueno para Balears, pero necesitamos conocer la letra pequeña, como cuándo entraría en vigor o si tiene el respaldo de los Presupuestos Generales del Estado», señaló el presidente del PP con respecto a la posibilidad de que su partido no apoye el documento cuando toque votarse en la Diputación Permanente del Congreso.
Company tachó la aprobación de «electoralista» y opinó que es un intento de Pedro Sánchez de salvar a Armengol «en el último minuto de legislatura». También lamentó que la presidenta no haya tratado de contar con ellos ni les haya informado del contenido de las negociaciones.
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