Actualmente hay 16 profesionales formados que realizan las pruebas a domicilio para determinar el grado de la dependencia de los usuarios. Si se determina la necesidad, se tiene derecho a recibir algún tipo de ayuda o prestación económica por parte de la administración. | A. MATEU

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Si en todo el año 2015 se tramitaron unas seis mil solicitudes para valorar el grado de dependencia, a 31 de agosto de 2019, ya ha habido 8.083 y la previsión al finalizar el año, se eleva a unas 12.500. Afers Socials de momento ha recibido unas cincuenta peticiones al día, lo que supone un incremento del 55 % en cuatro años.

La explicación es sencilla ya que en el año 2015 fue cuando se empezó a evaluar el grado 1, el más bajo, que hasta entonces no se tenía en cuenta. Es precisamente éste el que recoge el grueso del incremento de solicitudes, ya que «ahora hay más gente que tiene capacidad de pedirlo», explica la consellera de Afers Socials, Fina Santiago.

Las valoraciones de dependencia se hacen a domicilio y van a cargo de profesionales que ha recibido previamente una formación, ya sean trabajadores sociales, psicólogos, médicos o enfermeras, fisioterapeutas… En Mallorca la plantilla es de 16 personas, mientras que en Eivissa hay 2 y en Menorca una sola persona.

El actual equipo de valoradores trabaja dentro de los seis meses de plazo que dicta la ley y de media hacen una valoración en 59 días, mientras que hace cuatro años el tiempo de espera era de 148.

La incorporación en el circuito de prestaciones de las personas que tienen un grado 1 de dependencia significa que ahora hay mucha más gente beneficiaria de una ayuda ya sea a través de la teleasistencia, con ayuda a domicilio o con una prestación económica. «Una familia para poder cuidar de una persona con grado 1 recibe unos 150 euros mensuales, paa un grado dos tendrá unos 230 euros y para un dependiente de grado tres percibirá ana ayuda de entre 320 y 340 euros», explica Santiago.

Este tipo de prestaciones tratan de ayudar a las familias pero también de paliar un déficit de plazas histórico tanto residenciales como de centros de día. A pesar de que hay en marcha muchas infraestructuras de este tipo, el actual número de plazas es claramente insuficiente para la demanda y según funciona el sistema, hasta que no se produce una baja, no hay una alta.

En Mallorca, 1.471 personas esperan entrar en una residencia, mientras que en Menorca son 345, 147 en Eivissa y tres en Formentera. Para que el sistema sea sostenible se habla de un cambio de modelo en el que se debe intentar que las personas permanezcan cuanto más tiempo posible en su casa. «El problema es cuando hay enfermedades degenerativas que producen una involución, porque se necesitan 24 horas de atención y solo hay dos opciones: la profesionalizada que son las residencias o la complementaria entre profesionales y la familia en el hogar».

El grueso de estas incapacidades se valoran con el grado dos y tres de dependencia y son las que se deriven a una reidencia. El lado positivo, según la consellera, es que se haya logrado que «el cuidado de las personas mayores sea una responsabilidad de todos, también de la administración pública».