En la imagen, una docente y alumnos de Primaria que se disponen a entrar en el centro. | Efe

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El PSIB ha propuesto a sus socios de Govern (Més per Mallorca y Podemos) unas enmiendas a su propio proyecto de Llei d’Educació, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, para que el castellano sea tratado como lengua vehicular de enseñanza y aprendizaje al igual que el catalán, al que se aplicaría la diferenciación de «lengua propia y vertebradora». La consideración del castellano como lengua vehicular de la enseñanza vendría determinada por su condición de lengua cooficial de Balears.

Este tratamiento del castellano como lengua vehicular vendría a justificar otra enmienda en la que los socialistas intentan convencer a sus socios de gobierno de la necesidad de que esta lengua sea usada «al menos en alguno de los proyectos, ámbitos, módulos, áreas o materias no lingüísticas», es decir, además de la asignatura de Lengua y Literatura Castellanas, «para garantizar que se consigue la competencia comunicativa correspondiente».

Esta última enmienda podría dar lugar a la interpretación de que el Decret de Mínims (que establece un mínimo del 50 % de la enseñanza en catalán) no está consiguiendo el objetivo de una competencia comunicativa en castellano y que es necesario ampliar o reforzar esta lengua en las aulas.

Según ha podido saber Ultima Hora, la introducción de estas enmiendas vendría motivada por el temor de los socialistas a sentencias como las dictadas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y el Tribunal Supremo en las que se establece un 25 % de enseñanza en castellano en esa comunidad. Sin embargo, hay fuentes que apuntan que esas sentencias fueron dictadas durante la vigencia de la LOMCE (ley educativa del Gobierno de Mariano Rajoy, que establecía el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado), mientras que ahora rige la LOMLOE (ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, que no hace referencia al castellano como lengua vehicular), por lo que las prevenciones de los socialistas de Balears, en forma de enmiendas, no tendrían ahora sentido y serían innecesarias.

Otra cuestión que habría motivado la introducción de las enmiendas sería el deseo del conseller d’Educació, Martí March, de conseguir el máximo apoyo posible a la Llei d’Educació y ésta sería una vía para conseguir el respaldo de PP y Ciudadanos. Esta maniobra sería un ejercicio de equilibrio por parte de March para contar con el apoyo de la mayor parte de la oposición sin ponerse en contra a Més per Mallorca y Més per Menorca, y tampoco al PI,    pero todo apunta a que los dos grupos ecosoberanistas no verán con buenos ojos los cambios pretendidos por los socialistas en el texto legislativo.

La Llei d’Educació será la primera ley educativa propia de Balears y mantiene el Decret de Mínims para garantizar al menos un 50 % de enseñanza en catalán en los centros educativos. También plantea la unificación de los decretos de Miníms y de Llengües Estrangeres.