La presidenta de Baleares, Francina Armengol, en una intervención este martes en el Parlament, | Jaume Morey

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La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado con rotundidad que la ley turística no va a significar un decrecimiento económico ni una pérdida del empleo.

Armengol ha respondido en el pleno del Parlament al portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells, que ha agradecido la «valentía» del Govern por, por fin, iniciar el camino hacia la creación de más riqueza desde la sostenibilidad. Castells ha expresado su coincidencia con el Ejecutivo en que la ley no destruirá ningún puesto de trabajo porque, por ejemplo, la construcción trabaja también en reformas o en adaptación al ahorro energético. «Por suerte este día ha llegado», ha señalado.

Armengol ha recordado, además, que la norma turística supondrá, además de la inversión privada para la adecuación, una inversión pública directa de 60 millones de euros. En otro momento, el portavoz del PI, Josep Melià, ha asegurado que el decreto «ignora la realidad» porque en el alquiler vacacional «hay mucha más rotación», por lo que la moratoria les puede afectar gravemente. El regionalista ha argumentado que «en cualquier sector hay empresas que se amplían y otras que menguan, hay una evolución continuada», y por tanto «el problema de la moratoria es que cronifica las plazas turísticas e impide que se produzca esta evolución natural».

Melià ha puntualizado que, si bien su grupo apoya que no debe haber un incremento de plazas, también creen que «debe haber un intercambio de plazas y que esto modere el crecimiento». «A lo que no podemos acceder es que se cronifiquen las plazas y no haya posibilidad de que la gente, aunque sea un particular, pueda iniciar una actividad nueva y se cierren las obsoletas». En este sentido, el PI ha reclamado «un reparto equitativo» del impacto de la moratoria entre la oferta hotelera y la de alquiler vacacional. Además Melià ha sostenido que la capacidad de carga de las islas «ya se ha valorado y establecido», y ha denunciado que el decreto no aborde el cambio de uso de los establecimientos obsoletos.

Por su parte, Armengol ha reconocido que el crecimiento en los últimos años «ha sido mucho más intenso» en el sector de vivienda vacacional, pero ha mantenido que la ley «les afecta por igual». La presidenta también ha recordado que «quien debe decidir son los Consells en sus propias competencias» y ha afirmado que se ataja el problema de la oferta obsoleta aumentando los parámetros de calidad que se exigen en la calificación hotelera. En cualquier caso, Armengol ha señalado que el decreto se tramitará como proyecto de ley y que los grupos podrán hacer sus aportaciones para mejorar el texto.