Sin atención. El joven estaba en la calle en Inca cuando sufrió la crisis. Tuvo que ser auxiliado por un coche que pasaba por allí y que le llevó directamente al Hospital Comarcal. | R.P.F.

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La familia de un menor reclama una indemnización de cerca de 100.000 euros por la actuación de un operario del 112 que creyó que una llamada de emergencia era una broma. En realidad era un grave ataque respiratorio que terminó con el afectado varios días en la UCI y que ha determinado que padezca secuelas desde entonces.

Un adolescente de 15 años paseaba por Inca cuando comenzó a encontrarse mal. Era enero de 2018. Creyó que tenía un ataque de alergia porque sentía que se asfixiaba. El informe del director de emergencias refleja que la llamada fue atendida por un operador. «La voz es de un varón, menor y con manifiesta situación de apuro y síntoma de ahogo», dice el informe. «Emergencias 112 ¿en qué os puedo ayudar?» «Hola ¡me está dando alergia!» El operador contesta «venga...» y derivó la llamada al contestador de las bromas. Una segunda llamada hecha inmediatamente después ni siquiera fue atendida y se colgó directamente. El menor perdió el conocimiento aunque poco después se recuperó y pudo pedir auxilio a un coche que pasaba por la calle y que le llevó directamente al hospital de Inca. De ahí, le tuvieron que trasladar a Son Espases por un colapso pulmonar. Estuvo cinco días en cuidados intensivos, fue operado y desde entonces tiene secuelas.

La familia puso en primer lugar una denuncia penal por omisión del deber de socorro que fue archivada por un Juzgado de Instrucción de Inca. En la misma causa consta un informe del director general de emergencias que concluye que existió una «inadmisible falta de diligencia» por parte del operador y reclamaba para él una sanción. Ahora, el propio menor reclama una compensación por lo ocurrido y los daños que sufre. Sostiene que el retraso en la atención recibida agravó su estado y las consecuencias del episodio respiratorio que sufrió.

De momento, tanto la Administración como el Consell Consultiu descartan que se deba compensar. Alegan que no se han aportado en el expediente administrativo datos como los historiales médicos de Inca y Son Espases.