La normativa pretende dotar al sector de un marco jurídico sólido y poner coto al intrusismo. | T. Ayuga

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La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha presentado este jueves el proyecto de decreto para regular la actividad de los agentes inmobiliarios, una normativa que pretende dotar al sector de un marco jurídico sólido en el que ejercer la profesión y poner coto al intrusismo y a toda la oferta no reglada.

El texto, que se espera pueda estar aprobado a principios del año que viene, obliga a los profesionales del sector a presentar una declaración responsable en la que se comprometen a ejercer su actividad cumpliendo todos los requisitos legales. Asimismo, se creará un registro público de inscripción voluntaria que garantizará la titulación y formación de los profesionales allí incluidos, los cuales dispondrán a cambio de un sello de calidad otorgado por el Govern.

«Este texto es un paso importante que mejora la transparencia del sector y el marco jurídico en el que opera», ha señalado el conseller Josep Marí para añadir que este proyecto llevaba dos años sobre la mesa pero se atascó por culpa de la pandemia.

Marí, que ha comparecido acompañado de la directora general d'Habitatge i Arquitectura, Cristina Ballester, y de los representantes de las asociaciones del sector, ha hecho hincapié en la utilidad del decreto para perseguir y erradicar prácticas ilegales ante las que el consumidor se encontraba indefenso y que no en pocas ocasiones han desembocado en estafas de grandes cantidades de dinero. La normativa contemplará fuertes sanciones para aquellos que la vulneren y la incoación de un expediente por prácticas ilegales. «Queremos marginar a todos los que no lo hagan bien».

En ese sentido, la presidenta del Colegio Balear de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Natalia Bueno, ha señalado que «desde 2008 han proliferado personajes no deseados en el sector inmobiliario», y ha celebrado que este decreto vaya a dar «más garantías» al consumidor. Bueno se ha referido a casos como el de la inmobiliaria de Portals que hace un año estafó 300.000 euros a un matrimonio como muestra de la necesidad que existía para regular la actividad del sector.

Por su parte, Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI), ha destacado el papel del sector como responsable de la dinamización «de gran parte de la economía balear» y ha celebrado tanto el futuro decreto como la posibilidad de «haber podido conectar con todas las asociaciones» durante las reuniones con la Conselleria.

Por último, Mila González, presidenta de l’Associació d’Immobiliàries d’Eivissa (PIMEEF), aplaudió el proyecto de decreto aunque señaló que habría sido mejor que el ordenamiento legal hubiera permitido establecer la obligatoriedad de inscribirse en el registro.