En su exposición, el fiscal delegado, José Díaz, señala que este tipo de centros están destinados a acoger a menores en situación de guarda o tutela por las entidades públicas «diagnosticados con problemas de comportamiento, que presenten conductas disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros».
Deben contar con recursos materiales y personales que están establecidos por ley y los menores acceden a ellos tras una valoración psicosocial especializada: «Hacen obsoletas o inviables otras infraestructuras existentes en la actualidad a modo de centros de protección habituales». Además, legalmente se permite que las medidas terapéuticas hacia los menores estén acompañadas por restricciones de derechos fundamentales, como la posibilidad de salir de los mismos.
La falta de este tipo de centros en Baleares obliga a que, en algunos casos en los que se han necesitado, se ha tenido que recurrir a los servicios de protección de otras autonomías. «Esta necesidad causa en ocasiones situaciones contradictorias para el interés superior de los menores y su derecho a la cercanía con su ambiente y residencia habitual», insiste el fiscal.
Servicio de guardia
Además de esta reclamación, la memoria también insiste en otras necesidades que el Ministerio Público reclama desde hace tiempo. Entre ellas la creación de un servicio de guardia de 24 horas por parte de las entidades de protección de menores. También pide que se valore contar con un servicio de seguridad en determinados centros en los que se han producido situaciones conflictivas.
Sobre los casos de explotación sexual de menores tuteladas, el Ministerio Público insiste en que se han llevado a cabo más de una quincena de procedimientos penales contra adultos y que no existe una red organizada como tal.
También vuelve a criticar a las administraciones por limitarse, en ocasiones, a comunicar los casos a la Fiscalía y dejar de ejercer sus propias funciones. Pone como ejemplo situaciones de absentismo escolar donde recuerda que el sistema educativo tiene que actuar para que el menor regrese a la escuela, más allá de la posible actuación que lleven a cabo los fiscales. Sobre infraestructuras, también recuerda la memoria que en Eivissa y Formentera no hay ningún centro de menores abierto ahora mismo.
6 comentarios
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Se suscribe un convenio con el ejercito, que nos saldrá más barato, y durante unos meses que hagan la “mili”, tal vez se arreglen algunas conductas y tonterías. Si no es así, tal como dice el comentario de “voxmenorca5 “, en la carretera de san luis sobran habitaciones
La Fiscalia lo primero que deberia hacer es inspeccionar las actuaciones de Menores e intervenir, no dejando que se le usurpen sus funciones de investigación.
O sea para lo que toda la vida se les habia llamado gamberros, como moman esos nombres jiliprogres.
Hace algunos años, cuando esto todavía se podía considerar una sociedad civilizada y respetuosa con los demás, a los chicos y jóvenes con problemas de conducta los solían arreglar rápidamente sus propios padres sin demasiados miramientos y sin toda la tontería que vemos actualmente en todos los estamentos sociales, desde el colegio, los pedagogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los políticos, los jueces, y toda la mandanga. Habría que escuchar mucho más y hacer caso a personas como el juez Don Emilio Calatayud, que de todo esto sabe un rato y no se anda con pamplinas.
S'haurien de posar d'acord. La reinserció, com diuen els psicòlegs que provoquen tots els canvis educatius, es basa en la integració, en la normalitat, i en canvi la fiscalia proposa els guetos. I si canviem les lleis una mica? Per exemple qui la fa la paga uan mica més que abans... O serem sempre una societat helicòpter, com ho són molts de pares protectors.
En la carretera de San Luis ya hay uno.