Aspecto de la playa de Can Pere Antoni, en Palma, el pasado mes de enero. | M. À. Cañellas

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De momento, Balears no se plantea aplicar ningún tipo de restricción en el suministro de agua. A diferencia de Cataluña, con una situación casi desesperada, con un 15,70 % de reservas hídricas disponibles, las Islas, con datos de diciembre pasado, aguantan con un 53 %. En diciembre de 2022, las reservas eran del 55 %. En unos días saldrán los datos correspondientes a enero, pero no se esperan grandes variaciones.

Aun así, todas las Islas se encuentran en situación de prealerta de sequía con excepción de Formentera, que ya se encuentra en estado de alerta. Mallorca tenía en diciembre una disponibilidad del 54 % de sus reservas hídricas, Menorca también contaba con el 54 % y preocupa Ibiza, que se quedó en el 43 % y apenas ha llovido desde entonces.

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En 2023, la punta de disponibilidad de reservas hídricas en el conjunto de Baleares se dio en marzo y abril, con el 62 %. Por ello, desde la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua se espera que de aquí al verano regresen las precipitaciones en algún momento para alcanzar un nivel de reservas más tranquilizador. Cabe recordar que el temporal Juliette, que dejó en Mallorca registros de más de 200 litros por metro cuadrado en 48 horas y varios récords de precipitaciones en algunas estaciones meteorológicos, se dio a finales de febrero. Sin embargo, gestores e hidrogeólogos consideran que la mejor manera de recargar acuíferos y recuperar reservas es a través de precipitaciones regulares y no mediante uno o unos pocos temporales de lluvias torrenciales.

Según el Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears, aprobado en 2017, las entidades gestoras del abastecimiento de agua, en un estado de prealerta, tienen la obligación de tomar las siguientes medidas operativas: realizar campañas de concienciación del ahorro de agua (incluyendo hoteles y centros educativos), iniciar la instalación de pozos de garantía e instalar y poner en servicio las infraestructuras de aguas regeneradas y aumentar su uso progresivamente.

Asimismo, las entidades gestoras pueden revisar las tarifas del suministro si se considera necesario como medida de gestión de la demanda. También tienen la obligación de iniciar el aumento progresivo de la utilización de agua desalada. Donde no hay conexión a desaladoras, se pueden iniciar restricciones.