Policía Nacional. Fotografía de archivo. | Alejandro Sepúlveda

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La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha insistido este martes en que es «imprescindible» que el Ejecutivo centra actualice la indemnización por residencia de los trabajadores de la administración general del Estado, tras 18 años congelado.

La dirigente balear ha criticado la falta de colaboración del Gobierno presidido por Pedro Sánchez para mejorar las condiciones de los policías nacionales, los guardias civiles, el personal de los juzgados y los funcionarios de prisiones en las islas. Prohens ha respondido así a la pregunta de la diputada de Vox Idoia Ribas, sobre si el Govern considera que el Gobierno central está dotando suficientemente los servicios de la administración estatal en Baleares, algo que la presidenta autonómica considera que «en absoluto».

«El diagnóstico es muy claro, faltan profesionales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, funcionarios de Justicia y, en el caso de Ibiza, en la Dirección General de Tráfico», ha recordado Prohens, a raíz de las demandas formuladas por la entidad Insularidad Digna durante una reunión. Prohens ha hecho hincapié en la falta de compromiso del Gobierno central y del PSOE para garantizar la seguridad en Baleares.

Sobre este asunto, considera que este partido y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deben dar explicaciones a los ciudadanos de las islas. «Merecemos una atención eficaz, como en la administración de justicia o la seguridad en las calles», ha afirmado la diputada de Vox. «Seguimos confiando en que reivindique lo que es justo para Baleares», se ha dirigido a Prohens. La máxima responsable en las islas ha asegurado que desde el Govern seguirá trabajando por mejorar las condiciones de estos trabajadores en las islas, tal como recogen los acuerdos entre PP y Vox.

«Si hubiéramos tenido la oportunidad de presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), habría una enmienda de al menos 18 millones de euros», ha comentado. Para la dirigente del PP, la decisión adoptada por el presidente estatal, Pedro Sánchez, perjudica a los ciudadanos de Baleares y pone en cuestión la seguridad de los ciudadanos de las islas. «Algunos deberían empezar a dar la cara», ha concluido ante la cámara autonómica.