El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Maó ha citado para el próximo día 5 de marzo a Joana Barceló y a Marc Pons en calidad de imputados. La citación se produce en el marco de unas diligencias previas abiertas a raíz de la querella presentada por la entidad Valeriano Allés Canet SL por un presunto delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, atribuido a ambos en el ejercicio de sus funciones como presidenta del Consell y conseller insular de Ordenación del Territorio, respectivamente.
La querella fue presentada ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Maó en 2007. El Magistrado acordó en un auto dictado el 31 de agosto del mismo año su no admisión a trámite, decisión a la que no se opuso el Ministerio Fiscal.
La parte querellante interpuso entonces recurso de apelación ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.
La Audiencia dictó un auto en diciembre de 2008 en el que acordó estimar el recurso de apelación y revocar la inadmisión a trámite de la querella presentada y ordenó la práctica de diligencias de investigación.
El Juez de Instrucción número 3 de Maó, tras la práctica de las citadas diligencias, ha acordado la citación de Barceló y Pons.
Según el abogado de Valeriano Allés, el querellante denuncia la decisión del Consell de subrogarse al Ayuntamiento de Ciutadella para la tramitación de la disciplina urbanística en la instalación de una fábrica de prefabricados en suelo rústico. El empresario denuncia a los responsables del Consell por un presunto delito de prevaricación por la arbitrariedad en la que actuaron en la denegación de la licencia y en el requerimiento de derribo de las instalaciones, así como con el decreto de una sanción económica.
La parte denunciante asegura que la querella se presentó en su momento y sigue su curso, "por tanto sin ningún ánimo de instrumentar el caso". Los hechos se remontan a mediados del año 2004, cuando la empresa Valeriano Allés Canet pidió la licencia de obras para construir la fábrica de prefabricados en suelo rústico. El Ayuntamiento de Ciutadella no actuó. En aquel momento, tal y como prevé la normativa, la empresa planteó una denuncia de mora ante el reiterado silencio administrativo del Consistorio, por lo que el Consell fue el encargado de dar respuesta a la solicitud de licencia, que denegó.
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