Redacción MenorcaMaó05/03/10 0:00
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El conseller de Movilidad, Damià Borràs, defendió ayer el "rigor técnico" y la "transparencia" del proceso de adjudicación de las obras de la variante de Ferreries, ante las alegaciones presentadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por COPCISA y Climent Olives y las críticas relativas a la supuesta parcialidad de uno de los miembros de la mesa de contratación. Borràs recordó que el acuerdo sobre la falta de justificación de la bajada de precios por parte de la UTE se tomó por unanimidad, y que él mismo, responsable de Carreteras, no forma parte de dicho órgano, que preside el conseller de Servicios Generales, Gabriel Subirats, y en el que también tiene un representante el Grupo Popular como fuerza política de oposición.

La mesa de contratación acordó rechazar las alegaciones presentadas por COPCISA-Climent Olives y elevar a la Comisión de Gobierno del Consell la propuesta de aprobación provisional del proyecto y su adjudicación a la UTE integrada por Ferrovial-Illes Balears. Según explicó Borràs, los plazos previstos a partir de ahora son de 10 días para que se produzca la aprobación definitiva por parte de la Comisión de Gobierno y de 15 días para que la UTE descartada pueda presentar un recurso ante el Consell, lo que significaría agotar la vía administrativa.

Fuentes de COPCISA señalaron ayer que el departamento legal de la UTE tomarán una decisión sobre las acciones a emprender una vez tengan la comunicación formal de que sus alegaciones han sido rechazadas. Si la adjudicación a Ferrovial-Illes Balears es firme podría llegarse a la vía contenciosa lo que, según manifestó el conseller de Movilidad, no implicaría la paralización del proyecto, sino que éste seguiría adelante, al igual que su ejecución, a la espera de un fallo judicial.

"De momento las demoras en la tramitación no son significativas", declaró Borràs, quien subrayó que todo el proceso ha sido estricto en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente. "La Ley de Contratos del Estado es muy clara y explicita que las empresas que están en riesgo de temeridad deben demostrar que hay circunstancias excepcionales que justifican esos precios, no se puede poner en riesgo la obra", señaló el conseller, quien no obstante manifestó su respeto por la decisión de la UTE COPCISA-Climent Olives de alegar contra la adjudicación a Ferrovial-Illes Balears. "Es un derecho que tienen las empresas", afirmó, "pero la ley nos obliga a que certifiquen que esos precios son posibles, no sólo hay que afirmarlo hay que demostrarlo, y el Consell debe defender que la obra tenga calidad y seguridad". Para ello, remarcó, la institución se basa exclusivamente en la opinión de los técnicos que han estudiado las propuestas.