Empresarios. Los hosteleros desplegaron pancartas de protesta durante el pleno - Cris

TW
0

El pleno de Ciutadella adoptó ayer un acuerdo unánime para promover mejoras en la urbanización turística de Cala Blanca. El pacto se acordó después de que los portavoces de todos los partidos políticos se reunieran, durante un receso que se extendió durante casi media hora, con el presidente de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Cala Blanca, Santandria y Son Carrió. Momentos antes, miembros de dicha entidad desplegaron pancartas de protesta cuando en torno a las 23.30 horas se comenzó a debatir la moción presentada por el Grupo Mixto orientada a la creación de una comisión de seguimiento de las obras de la desalinizadora.

La presencia de los comerciantes sirvió como presión para que la alcaldesa sembrara las bases de un acuerdo, que a la postre consiguió integrar la propuesta del Grupo Mixto con otra introducida por urgencia por UPCM y que iba a quedar sobre la mesa por falta de tiempo. Así, durante el receso los partidos pactaron un documento de seis puntos. El primero de ellos orientado a la creación de una comisión de seguimiento de las obras de la desalinizadora y que estará integrada por representantes del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General del Estado, Acciona y las asociaciones de vecinos. En segundo lugar se acordó pedir a Demarcación de Costas que acondicione los "replans" y accesos a las zonas de baño de Cala Blanca. También se instará al mismo organismo a que se realice un estudio sobre la regresión de la arena de la playa y sus posibles soluciones.

En otro orden de asuntos, y en cuarto lugar, políticos y empresarios pactaron que se redacte un proyecto para habilitar aceras y mejorar la iluminación en el acceso a la urbanización desde la carretera a Cala en Bosc. Entre los puntos más importantes, el quinto refleja la voluntad de instar al organismo competente a hacer cumplir el plazo máximo para la finalización de las obras de la desalinizadora, fijado para el próximo 1 de junio. En caso contrario, el Consistorio se compromete a aplicar las ordenanzas previstas en cuanto a suspensión de obras durante la temporada turística, contaminación acústica y retirada de vallas. Por último, se pactó exigir a Acciona que ejecute las obras de mejora de la zona afectada y del mirador.

Luz verde al convenio para el parking del OAR
La sesión plenaria de ayer sirvió para dar luz verde al convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y el Obispado, cuyo principal objetivo es el de posibilitar la reordenación de la Plaça de la Pau para la construcción de un aparcamiento subterráneo.

Sin embargo, el acuerdo no se alcanzó de forma unánime, como era previsible, ya que el Grupo Mixto emitió un voto de abstención, aunque "en positivo", como puntualizó su portavoz, Antònia Salord. La razón de no apoyar la iniciativa la justificó en el hecho de que no se había atendido a sus garantías de reversión solicitadas en caso de que el Obispado no llegara a ejecutar el citado proyecto. A juicio del representante de UPCM, Joan Triay, dicha petición resultaba innecesaria ya que si se diera esa caso el convenio ya contempla "una penalización muy fuerte". En ese sentido, la alcaldesa, Pilar Carbonero, trasladó al Grupo Mixto que el Obispado ya tiene contratado un técnico para la redacción del proyecto. Por su parte, el PP apoyó la tramitación, pero también mostró su preocupación por el futuro del club de tenis cuyas pistas están en los terrenos de dicha área.

Dada la diferencia de los valores de los terrenos que se permutan, el Obispado deberá abonar al Consistorio 317.000 euros en el momento de la firma definitiva del convenio, una parte de los cuales son en concepto de compensación por el pasaje de la calla Bisbe Sever. También se tendrá que ocupar de la urbanización de la zona con un precio de hasta 70 euros el metro cuadrado.