El Grupo Popular en el Consell exigió ayer responsabilidades políticas al presidente del Consell, Marc Pons y a la consellera insular de Cooperación Local, Susana Gomila, por haber dejado caducar "de forma deliberada" el expediente sancionador iniciado en su día contra la Flower Power. La fiesta, celebrada el 10 de agosto de 2007 en la Mola y a la que asistieron 3.000 personas, fue organizada por la empresa Onrus Broderic. El evento terminó con dos jóvenes heridos (uno de ellos grave) y 200 reclamaciones a Consumo por carencias en los servicios de aparcamiento, alumbrado y seguridad.
Los populares denuncian que, a pesar de las manifestaciones públicas del entonces conseller de Ordenación del Territorio y responsable de Actividades Clasificadas, Marc Pons, sobre la inmediata apertura de un expediente sancionador, éste no se inició hasta dos años después, apenas "tres días antes de que prescribiera", es decir el 7 de agosto de 2009, "ante las presiones mediáticas y del propio PP", según apuntó ayer la portavoz de la oposición en el Consell, Juana Francis Pons Vila. El PP matizó que en su lugar se iniciaron diligencias preliminares. Éstas finalizaron el 28 de noviembre de 2007 y señalaban "claramente" la existencia de "motivos suficientes" que justificaban la apertura de un expediente sancionador, en opinión del PP. Pons Vila afirmó que el expediente "se dejó dormir en un cajón" a pesar de que se infringieron varios artículos de la Ley 16/2006 de 17 de octubre de la CAIB; al realizarse la fiesta en un lugar que carecía de licencia de actividades extraordinarias y por no haber solicitado la organización el permiso 30 días antes del evento. Según explicó la consellera popular Salomé Cabrera, esta infracción está tipificada como grave y la sanción oscila entre 6.001 y 60.000 euros y el plazo de prescripción es de dos años desde su comisión. El expediente sancionador estaba dirigido tanto contra la empresa concesionaria de las instalaciones (Cordial Hotels), y contra la empresa organizadora del evento (Onrus Broderic S.L.)
Igualmente, el PP aseguró que tras revisar las alegaciones presentadas por ambas empresas, en los dos casos el Consell notificó el expediente sancionador fuera de plazo. Los populares recalcan que durante estos últimos años han interpelado, presentado mociones y preguntado en el Consell sobre el estado del expediente sin resultados. Acusan a Pons de hacer dejación de sus funciones y de actuar con negligencia en este caso al ser el máximo responsable de Actividades Clasificadas del Consell, así como a su sustituta en el cargo, la consellera insular Susana Gomila "por seguir el ritmo de inoperancia". La portavoz popular en el Consell se preguntó además por qué el equipo de gobierno insular reclama al Govern más competencias cuando, en este caso, no ejerce la delegación de Actividades Clasificadas que detenta desde 1999.
El PP reconoció que las denuncias por vía penal presentadas contra la empresa organizadora quedaron finalmente archivadas. Por su parte, fuentes del Consell insular recalcaron ayer al respecto que el expediente sancionador "no ha caducado, sino que sigue vivo". De hecho, la institución insular ha convocado hoy a los medios de comunicación para informar sobre este tema.
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