La propiedad se libra de abonar los seis millones y entiende que todo sigue igual

En cuanto a la última sentencia, la propiedad de Son Sintes entiende que no cambia nada. La sentencia de la Audiencia Provincial de diciembre de 2005 que motiva el desalojo de Son Sintes, que después ratificó el Tribunal Supremo, "no se basa en si se aceptó nuestro recurso o no, sino en el hecho de que fabricar hormigón y hacer prefabricados no es instalación de beneficio en una actividad minera", explica. A partir de aquí, la propiedad argumenta que "como los terrenos de Son Sintes están alquilados para actividad extractiva, la sentencia concluye que el contrato se puede acabar por realizar el arrendatario actividades ajenas al contrato".

Así, aunque la sentencia del TSJB de Balears deja como válida la resolución de Industria de 2004 que sí concede instalación de beneficio a la planta de prefabricados, los propietarios de Son Sintes entienden que "la jurisprudencia nos da la razón, y además no se ha modificado la causa de resolución del contrato de alquiler y el posterior desahuicio". De manera muy gráfica, la propietaria de los terrenos entiende que "el empresario y su abogado se están montando ahora el cuento de la lechera".

Motivos de la tardanza
La sentencia del TSJB deja claro que los propietarios presentaron fuera de plazo el recurso contra la decisión de Industria de autorizar la instalación de beneficio para la planta de prefabricados de Valeriano Allés. En este sentido, la propiedad explica que en diciembre de 2004, al interponer una demanda contra Valeriano Allés, tuvieron conocimiento de que Industria había autorizado al empresario una ampliación de la instalación de beneficio, pero, y aquí está la clave, no conocieron,dicen, que la ampliación era para la instalación de una planta de prefabricados. Por eso, unos meses más tarde se dirigieron a Industria solicitando la naturaleza de la instalación de beneficio, y fue entonces cuando descubrieron lo que quería montar el empresario. Fue entonces cuando se pusieron en marcha para presentar el recurso, entendiendo que el plazo de un mes empezaba a contar desde el momento en que percibieron la documentación. El Tribunal Superior les quita la razón en este sentido, y certifica que el recurso entró fuera de plazo.
Algo, no obstante, que no varía un ápice su posición. Ellos entienden que en su litigio con Valeriano Allés "solamente falta discutir si lo que queda dentro de la cantera es indemnizable o no". Un aspecto en el que en primera instancia el empresario ganó la batalla, puesto que una jueza estimó que la propietaria debía indemnizar al empresario con seis millones de euros. Sin embargo, la propietaria entendió que había quedado indefensa en este litigio, puesto que no se le dio voz para hacer sus valoraciones, y esto es lo que reconoce ahora un auto judicial, que paraliza el pago de esos seis millones y da ahora oportunidad a la propiedad para que presente sus argumentos.

En este proceso, la propiedad avanza dos líneas de defensa. Una primera que apunta a que parte de los bienes del interior de Son Sintes están adscritos a una actividad que consideran ilegal. La segunda se basa en que los bienes indemnizables deben ser, según la legislación, imprescindibles para el uso propio de la finca. En este sentido, entienden que al ser la finca rústica, mucha de la maquinaria no cumple esta condición.

La propietaria comparte una opinión con Allés, la de culpar a las administraciones, pero con otro matiz. Entiende que "si desde la primera ilegalidad se le hubiera parado, ahora no estaríamos así".