Las asociaciones empresariales podrán actuar contra la administración en el caso de que se retrasen en su pago a los empresarios. Ésta es una de las novedades de la reforma de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, aprobada por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados el pasado 23 de marzo.
El secretario general de PIME, Pau Seguí, señaló ayer que esta medida permitirá a las patronales plantear una reclamación de deuda conjunta de diversos socios a las instituciones públicas, lo que "evitará la coacción a la que, de algún modo, se ven sometidas las pequeñas empresas".
Seguí, que forma parte del Comité Nacional de la Plataforma contra la Morosidad, indicó que actualmente las administraciones se amparan en el pacto entre las partes que permite la normativa, evitando de este modo hacer frente a las penalizaciones por retrasos en los pagos que contempla la Ley. "Cuando una empresa pequeña ha de negociar con un ayuntamiento no tiene más remedio que aceptar que le paguen con retraso porque, de lo contrario, no serán contratados en otra ocasión", explicó el secretario general de PIME.
En este sentido, Seguí destacó que la intención de esta medida es evitar que "cuando las relaciones entre dos partes sean muy diferenciadas, uno pase por encima de otro y la economía de mercado deje de funcionar". Asimismo, apuntó que el hecho de que las organizaciones empresariales puedan presentar reclamaciones conjuntas de sus asociados ofrecerá protección a los pequeños empresarios ya que, de este modo, "no se podrá señalar a nadie con el dedo".
Seguí, quien participó en la reunión del Comité Nacional de la Plataforma contra la Morosidad celebrada el lunes en Madrid, denunció que el plazo medio de pago de los ayuntamientos de Menorca es "muy superior a la media española y balear", que alcanzan los 139 y 165 días respectivamente. El secretario general de PIME no presentó cifras concretas pero destacó que la organización recibe "quejas permanentes" por parte de sus asociados en relación al retraso en el pago de las instituciones de la Isla.
No obstante, el responsable de la patronal reconoció que se han llevado a cabo diversas iniciativas por parte de las administraciones para mejorar esta situación. En concreto, se refirió al sistema de 'confirming' que aplica el Ayuntamiento de Maó desde mediados del año pasado. Esta fórmula permite a las empresas acreedoras anticipar el cobro de sus facturas a cambio de renunciar a un pequeño porcentaje de su importe. "Gracias a este sistema se ha reducido el plazo de pago en Maó pero no tenemos conocimiento de que otros ayuntamientos de la Isla lo apliquen", criticó Seguí.
Modificación
La reforma de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad establece un calendario progresivo de reducción de los plazos de pago, tanto en el sector público como entre empresas. Desde la entrada en vigor de la norma y hasta finales de 2010 las administraciones públicas deberán pagar en un plazo máximo de 55 días, que se reducirá a 50 en 2011 y a 30 a partir del 1 de enero de 2013.
Por su parte, entre las empresas el plazo será de un máximo de 85 días desde la entrada en vigor de la normativa y hasta final de 2011, de 75 días en 2012 y de 60 días a partir de 2013.
Seguí señaló que España es el segundo país europeo en el que los pagos se retrasan más, seguido de Grecia. "Ésta es una costumbre nefasta para los empresarios", apuntó el secretario general de PIME, quien añadió que "cada día que un empresario no cobra por un trabajo que ya ha realizado, pierde dinero".
Uno de los principales efectos de esta demora es la pérdida de competitividad de las empresas españolas, según el responsable de la patronal menorquina. "Los empresarios en España tienen más costes y, consecuentemente, nuestro producto tiene un precio más alto y se vende menos a nivel europeo".
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