El Ayuntamiento de Ciutadella ha decidido investigar el expediente de Son Quim, y con él, otros similares de comercios instalados en suelo rústico. Son Quim es, sin duda, el detonante de la comisión de investigación, y el ejemplo de una tramitación larguísima que aún no ha terminado, a pesar de comenzar seis años atrás. En noviembre de 2004, Josep Carretero, por entonces concejal del PSOE en la oposición en Ciutadella, registra en el Consistorio una solicitud de licencia de actividad para ampliar el comercio agrícola existente en Son Quim. Además de vender material agrícola, los responsables del negocio, la sociedad Carretero-Comella SL, participada por cinco hermanos y su madre, solicita poder comercializar también objetos de decoración y mobiliario. La solicitud se presenta en el Consistorio después de que Carretero hubiera realizado varias consultas con funcionarios municipales para conocer la vía exacta a seguir para tramitar la solicitud, que supuestamente debía estar resuelta en un plazo aproximado de quince días.
Diez meses después de presentar la solicitud, en setiembre de 2005, el Ayuntamiento de Ciutadella concluye que no puede conceder la licencia de actividades, y que para que esto sea posible es necesaria la declaración de interés general de la actividad, por lo que el expediente se remite al Consell. En la comisión de gobierno del Consistorio que trata este tema, el PP vota en contra de la declaración de interés general, aunque su voto no es vinculante, puesto que quien tiene potestad para decidir es la institución insular. Ésta lo hace 21 meses después, en marzo de 2007, tras subsanar algunas deficiencias, y desestimar alegaciones y recursos de reposición en un proceso lento, en el que la institución insular solicitó gran cantidad de informes y documentos para fundamentar su decisión.
Con la declaración de interés general concedida, la pelota vuelve al tejado del Ayuntamiento, para que tramite la licencia de actividades solicitada por Carretero-Comella SL. Ya es en enero de 2008 cuando el Ayuntamiento emite un informe solicitando que se subsanen algunas deficiencias en la solicitud, algo que no se produjo hasta julio del mismo año. Entonces, el Consell clasifica la actividad solicitada, y en noviembre se firma un informe jurídico que avala la concesión de la licencia, pero añade que será necesario pagar una cuantía en concepto de aprovechamiento atípico y de incremento de valor de la actividad. En diciembre de 2008 se firma el otro informe favorable, el técnico, con lo que poco falta ya, en teoría, para llegar al final de la tramitación del expediente.
En marzo de 2009 se emite la resolución de concesión de la licencia de actividades, previo pago de 20.000 euros en concepto de aprovechamiento atípico, una resolución que no se comunica a la sociedad Carretero-Comella SL hasta un año después, y aquí es cuando salta la polémica, se inicia el enfrentamiento político y finalmente se conforma la comisión de investigación.
Durante todo este tiempo, Josep Carretero denuncia haber sido víctima de una persecución, y asegura que en cuanto se le ha solicitado algún informe o documento, ha tardado escasos días en entregarlos. Por ello, Carretero insiste en ser el primer interesado en comparecer ante la comisión de investigación, no ya como supuesto favorecido, sino como perjudicado, "para demostrar la persecución que ha habido en mi contra".
Los 20.000 euros, recurridos
Pero es que en este asunto hay un tema no resuelto, que es quién debe pagar el impuesto de 20.000 euros. Quien gestiona Son Quim es la sociedad Carretero-Comella SL, formada como se ha dicho anteriormente por cinco de los hermanos Carretero Niembro y su madre. Pero algunos interpretan que el impuesto no recae sobre la sociedad, sino sobre todos los propietarios del terreno, puesto que el incremento del valor del suelo afecta a todos los propietarios del suelo, no del negocio. Teniendo en cuenta que la titularidad de la propiedad no está resuelta, y está pendiente de un pleito familiar actualmente en el Tribunal Supremo, la respuesta a esta pregunta se antoja compleja. Además, la sociedad Carretero-Comella SL ha presentado un recurso contra el impuesto de aprovechamiento atípico, el de 20.000 euros, por lo que toca ahora al Ayuntamiento resolver esta cuestión.
Un eslabón más de una tramitación compleja, larga, revestida de polémica y que ahora será objeto de investigación.
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