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Los dos antiguos concejales de Urbanismo de Ciutadella, Avel·lí Casasnovas y Llorenç Casasnovas, imputados en diversas causas por presunta corrupción, promovieron la suspensión de licencias urbanísticas en el ámbito del uso hotelero permitido ya consolidado, "con la única intención de presionar a la entidad promotora". Éste creen, al menos, los vecinos, que pudo ser el móvil de la "moratoria" impulsada por los artífices del llamado pacto de la nevera, que selló el acuerdo de gobierno entre PP y PMQ en el período 2003-2007. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, a la que ha tenido acceso "Es Diari", Avel·lí Casasnovas y Llorenç Casasnovas pretendieron presionar a la compañía Prisoles, aprovechando "la enorme dimensión económica" de la operación, el "fortísimo apalancamiento financiero contraído" y el "buen momento" que atravesaba por entonces (2005) el mercado inmobiliario, sabedores de que la sociedad promotora "no podía permitirse demoras en la concesión de la licencia, y, consecuentemente, en el inicio de las obras".

El relato exhaustivo de los hechos, expuesto en el escrito, refuerza, según los vecinos, estas conclusiones. La propuesta dictada por Avel·lí Casasnovas -"con la aquiescencia del otro concejal de Urbanismo en aquellos tiempos, Llorenç Casasnovas, en una evidente desviación de poder"- se remonta al 13 de diciembre de 2005. En virtud de ella, se daba vía libre a la suspensión, por el plazo de un año, de licencias urbanísticas en la zona, que implicaran un cambio de uso. La propuesta, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el 30 de diciembre, fue "aclarada" por el director de los servicios jurídicos municipales, Jaume Miró, y por la arquitecta municipal, Marián Castro, mediante sendos informes, técnico y jurídico, firmados en febrero de 2006. Entre los sectores afectados por la "moratoria" se encontraba el solar del Paseo San Nicolás, ocupado por el antiguo Hotel Eleykon. La nueva propuesta de Avel·lí Casasnovas, de 9 de febrero, recogió estos informes.

Llegado el vencimiento del plazo por el que fue aprobada la "moratoria", a propuesta del propio edil titular del área se prorrogó el plazo de la suspensión por un año más. Durante este tiempo, el consistorio no otorgó ninguna licencia urbanística en los sectores afectados por la medida. Por descontado, tampoco llevó a cabo ningún trabajo tendente a modificar el planeamiento urbanístico. Ello, pese a que, como recuerdan los vecinos, las suspensiones de licencias reguladas en la normativa urbanística tienen como finalidad la de ser una situación transitoria entre dos ordenaciones urbanísticas: la ordenación vigente en el momento de acordarse la suspensión, y la ordenación en estudio, "todo en aras de un cambio en el planeamiento", que no se produjo. Para los denunciantes, este hecho constituye, por sí mismo, una "buena prueba" de la "ilegalidad" puesta de manifiesto en el escrito que, desde ayer, reposa ya sobre la mesa del fiscal. Como quiera, una vez transcurrido el plazo de la prórroga, "la suspensión se levantó por el mero transcurso del tiempo".

Los vecinos consideran también "destacable" que tanto Avel·lí Casasnovas como Llorenç Casasnovas "se aviniesen a conceder un permiso de obras denegado sistemáticamente durante más de dos años, justo cuando por el resultado de las elecciones municipales sabían que iban a abandonar sus cargos en el consistorio de Ciutadella", tan sólo "pocos días después" de la concesión de la licencia.

Prisoles concertó un préstamo con "Sa Nostra" por 58 millones de euros

Los números de la operación dan consistencia a la afirmación de los vecinos, contenida en la denuncia, acerca de la "enorme dimensión económica" del proyecto. El 17 de octubre de 2005, Prisoles Mediterráneo SA firmó un contrato de opción de compra con la sociedad Soli Plus 6 SA. Prisoles conseguía así una preferencia sobre el solar, de unos 9.700 metros cuadrados de superficie aproximada, ubicado en una de las esquinas más apetitosas del municipio, la que propicia el encuentro entre el Paseo San Nicolás, la Plaza Almirante Farragut, y el eje del Paseo Marítimo. Prisoles pagó a Soli Plus 6 SA una prima de 7,5 millones de euros por la opción de compra, que ejecutó finalmente el 11 de octubre de 2007, desembolsando a la entonces propietaria de los terrenos la suma de 29,9 millones de euros, más impuestos, como pago por el solar. Los plazos para la ejecución de la opción de compra tuvieron que ser ampliados por las dos entidades contratantes por culpa de la "moratoria". La condición del contrato no se ejecutó hasta que el Ayuntamiento no hubo otorgado la licencia de construcción del complejo, dos años más tarde de lo previsto. La ejecución se llevó a efecto mediante escritura otorgada ante la notaria Marta Orfila, según consta en el Registro de la Propiedad de Ciutadella. Para financiar el proyecto constructivo, Prisoles Mediterráneo concertó en la misma fecha -11 de octubre de 2007- un préstamo hipotecario con "Sa Nostra", por importe de 58,1 millones de euros.

El ex arquitecto municipal pudo llegar a un acuerdo previo con Nando Pons

Los vecinos firmantes de la segunda denuncia –que lleva el aval de 13 firmas- creen que el ex arquitecto municipal Miguel Sintes Coll "habría llegado" presuntamente a un "acuerdo previo" con el arquitecto que redactó el proyecto del edificio, Fernando Pons Vidal. Los vecinos recuerdan al fiscal que este último fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) por considerar que encubrió con su firma el comportamiento ilegal, en relación con el deber de incompatibilidad, del arquitecto municipal de Maó, Francesc Vilarrubí. Esta afirmación ya se contenía en el escrito que los vecinos enviaron hace unos días al Colegio de Arquitectos de Balears, para que tomara medidas contra los dos técnicos, tal como ya avanzó "Es Diari" en exclusiva.

Los residentes consideran "altamente llamativo" que Sintes "informase todo un proyecto de construcción de nada menos que 166 viviendas en 19 días, cuando el Ayuntamiento viene tardando más de dos meses en conceder un permiso de obra menor para embaldosar una estancia de 50 metros cuadrados, y en 2007 tardaba casi seis meses". "Es también llamativo", insisten, que el ex arquitecto municipal de Ciutadella no comprobase la superficie real del solar, "ni se percatase de que la planta sótano proyectada ocupaba unos 2.700 metros cuadrados más de lo permitido por el PGOU; esto es, un 50% más".