La Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) ha enviado al conseller de Turismo, Lázaro Criado, información detallada sobre los servicios turísticos que se comercializan a través de 50 webs para que compruebe si las 12.645 plazas que se ofertan en estos sitios disponen de las preceptivas autorizaciones. La patronal solicita que, en caso que éstas no existieran, actúe, de acuerdo con su función inspectora, bajo las competencias turísticas que ostenta el Consell insular. Pese a que los primeros escritos salieron de Ashome en enero, a día de hoy el conseller no ha contestado una sola de las cartas.
Las 50 solicitudes cursadas a la institución se acompañan de abundante documentación gráfica, con detalles de cada chalet, apartamento, villa, vivienda o casa rural que se oferta en estas páginas con fines de alquiler vacacional. Con ella, se adjuntan impresiones de los contenidos de las diversas webs, donde se comprueba "fehacientemente", en todos los casos, su comercialización turística. Aproximadamente 6 de cada 10 páginas analizadas son británicas; y el resto, locales o peninsulares. Tras algunas de estas páginas se esconde tan sólo un número de teléfono, sin otras señas sobre la identidad de la persona o personas que ofrecen los servicios.
El estudio realizado por la patronal emana de un mandato de la asamblea general de Ashome, después que la junta de gobierno de la asociación planteara su necesidad. Fuentes hoteleras consultadas por "Es Diari" confirmaron ayer esta información. Sospechan, de hecho, que la mayor parte de la oferta que se ha enviado al Consell para su examen no está reglada. Según ha podido saber este diario, la extensa documentación remitida al conseller de Turismo, Lázaro Criado, contiene información acerca de unos 450 apartamentos, equivalentes a unas 1.300 plazas; 1.700 villas o chalés (correspondientes a poco más de 10.400 plazas); un centenar de casas rurales, con aproximadamente 500 plazas ofertadas; y unas 120 viviendas, con algo más de 350 plazas en oferta.
La patronal pide que se estudie si todas estas plazas cuentan o no con los autorizaciones previstas en la Ley General Turística de 24 de marzo de 1999 y en el Decreto 60/2009, de 25 de septiembre, por el que se establece la unificación de procedimientos y la simplificación de los trámites en materia turística, así como la declaración responsable de inicio de las actividades turísticas.
Marco legal
La Ley General Turística de las Islas Baleares establece la obligatoriedad, con carácter previo al inicio de la actividad, de obtener las autorizaciones legalmente exigibles para el desarrollo de la actividad turística. Estas autorizaciones pueden ser administrativas, laborales, fiscales, ambientales o de cualquier otra índole. La propia Ley 2/1999 obliga a presentar "la declaración responsable de inicio de actividad", para poner en marcha la actividad económica, empresarial o profesional de que se tratara, en los casos en que dicha actividad económica esté sometida a licencia o autorización administrativa.
Por otro lado, el Decreto 60/2009 al que se alude en los 50 escritos remitidos al conseller reitera la obligatoriedad de la presentación de la declaración responsable de la actividad, suponiendo que la persona que la realiza cumple la normativa turística en la actividad que pretende iniciar. Todo ello, se aclara en las solicitudes, "sin perjuicio de cumplir el resto de normativas que le son aplicables y, en especial, la relativa a las licencias municipales correspondientes".
Ashome recuerda, asimismo, que la Ley General Turística afirma, en su artículo 61, que "corresponde a la Administración Turística competente el ejercicio de la función inspectora y sancionadora en materia de turismo en el ámbito insular correspondiente, para velar por el exacto cumplimiento de esta Ley, y de las disposiciones que la contemplen o desarrollen". De acuerdo con esto, una de las competencias de la función inspectora es, precisamente, comprobar el cumplimiento por las empresas, actividades y establecimientos turísticos, de las obligaciones legales o reglamentarias.
Por lo que se refiere a las viviendas turísticas vacacionales, el Decreto 60/2009 es claro al estipular que estas unidades unifamiliares son objeto de inscripción obligatoria en los Registros Insulares correspondientes y el General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
La información ya está en manos de los sindicatos
La Asociación Hotelera de Menorca ha puesto la información recogida en manos de los sindicatos. Pese a nutrir la economía sumergida, la comercialización, con fines vacacionales, de plazas turísticas no regladas elimina cada año cientos de empleos directos en el sector. La información que se ha manejado tradicionalmente desde el sector habla de algo más de 49.000 plazas turísticas oficiales y entre 10.000 y 12.000 no regladas; esto es, aproximadamente un 25% de la oferta legal. Si el conseller de Turismo hace los deberes, pronto podrá conocerse con mayor exactitud cuál es el calado real de un problema que ha convivido desde siempre con el sector y que supone una competencia desleal hacia los profesionales que pagan sus impuestos y cumplen con todos los requisitos legales exigibles para poder dedicarse a la actividad turística.
Fuentes hoteleras han explicado que este tipo de prácticas suponen, en general, "un ataque frontal a la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen en Menorca". Según estas mismas fuentes, "no sólo es importante saber qué se ofrece, sino quién lo ofrece, y en qué condiciones". La preocupación del sector es quién controla todo este negocio que se realiza a espaldas de la legalidad. No en vano, buena parte de las webs analizadas son británicas, con lo que se presume que gran parte del dinero que facturan por la comercialización de estas plazas turísticas se queda en el Reino Unido. Los números cantan. Hay webs que ofertan 750 plazas (regladas o no), 407, 459, e incluso alguna llega hasta las 2.008 plazas. La pelota está ahora en el tejado del conseller.
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