El pleno celebrado en abril ratificó la propuesta del órgano de contratación - Archivo

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El pleno de Sant Lluís adjudicará esta tarde de forma definitiva el contrato para la gestión del servicio de la residencia geriátrica y centro de día a la empresa catalana Centre Secretari Coloma, después de que haya desestimado el recurso de reposición interpuesto por Serveis Socials Balears BB Serveis y las alegaciones presentadas por Clece Servicios Sociales y Limpiezas y Reformas de Baleares y, por otra parte, Cucavela Alternativa Sociocultural.

El informe de la Secretaría municipal elaborado ante el recurso de reposición presentado por BB Serveis recomienda su desestimación y, por ende, considera correcta la adjudicación provisional a Centre Secretari Coloma de la gestión del geriátrico y centro de día de Sant Lluís. El informe señala que fue ajustado a derecho que la mesa de contratación requiriese la subsanación, ante su ausencia, de parte de la documentación para acreditar la solvencia técnica, contrariamente a la postura expresada por BB Serveis.

El secretario de la Corporación señala que la mesa de contratación no acordó como desproporcionada la oferta presentada por BB Serveis, por lo que estima que no se produjo ninguna anomalía procedimental, como asegura la empresa recurrente. Además, afirma que resulta evidente que la mesa interpretó favorablemente a la licitadora y no contrariamente a derecho, e incluso salió beneficiada por su interpretación.

En cuanto a la valoración de los ratios de personal, el informe rechaza que se produjera un tratamiento desigual y que, como afirma BB Serveis, hubiera un menosprecio al principio de transparencia y nuevamente en perjuicio de esta empresa. Afirma que la mesa de contratación adoptó el criterio economicista más razonable y lógico para la evaluación de las ofertas.

Asimismo, el informe rebate que la mesa de contratación tomara una decisión partidista en la valoración del soporte en la financiación del equipamiento del centro asistencial y, por otra parte, que se produjera la violación los principios de objetividad, transparencia y no discriminación en la contratación pública.