La disolución del Consorcio Menorca Reserva de Biosfera es la principal consecuencia de la reducción del sector público balear en un 50 por ciento anunciada ayer por el presidente del Govern, Francesc Antich, que supondría pasar de 169 a 82 entidades, con la supresión de cinco de ellas y la fusión de 106, en un proceso que se prevé exceda esta legislatura.
Una consecuencia irrelevante en la práctica, habida cuenta la parálisis de dicha entidad y la existencia de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera, dependiente del Consell. "En Menorca el Consorcio ya estaba finiquitado, no estaba operativo. Desde la puesta en marcha de la Agencia nosotros aquí nunca hemos celebrado ninguna reunión, aunque quizás el Govern lo había mantenido formalmente", aseguró la consellera de Economía, Antònia Allés.
Así las cosas, el resto de entidades en las que participa el gobierno autonómico -16 consorcios y dos fundaciones- que despliegan su actividad únicamente en Menorca continuarán funcionando como hasta ahora, si bien habrá que esperar para ver cómo se repercute el plan de austeridad que ha de permitir al Ejecutivo de Antich cumplir con la rebaja del déficit público exigida por el gobierno central.
Cabe esperar que estas repercusiones no afectarán a los empleados de estos consorcios y fundaciones, conforme a lo explicado por Antich. El presidente balear aseveró que la reducción del sector público no supondrá disminución de puestos de trabajo, aunque sí pueden producirse cambios en los órganos de dirección.
También habrá que esperar para conocer los efectos que tendrán las fusiones que se anuncian en consorcios creados para asumir determinadas funciones en cada una de las islas, como el de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Menorca que pasará a integrar junto con los de Mallorca y Eivissa y Formentera, una única entidad, o aquellos de ámbito autonómico, como el Institut Balear de la Joventut o el de l'Habitatge.
Algunos de estos efectos podrían haberse desplegado ya en Menorca. En este sentido, recientemente el Ayuntamiento de Maó asumía una encomienda de gestión para la ejecución de obras en diferentes centros educativos, una función vinculada al Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC). Detrás de este compromiso -criticado por la oposición en el Consistorio mahonés- podría estar el proceso de fusión en el que está inmerso este instituto.
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