El conseller insular de Turismo, Lázaro Criado, afirmó ayer que los inspectores del departamento que dirige han visitado desde el pasado mes de febrero 219 viviendas, apartamentos y casas rurales sobre las que existía sospecha de estar siendo comercializadas de forma ilegal en el mercado de alquiler vacacional. La Consellería también ha estudiado 21 de los 49 expedientes de denuncia remitidos por ASHOME al Consell en los que enumeran las cerca de 12.000 plazas turísticas presuntamente ilegales existentes en la Isla. Además, según Criado, la semana pasada, la directora de Ordenación Turística, comunicó telefónicamente al gerente de la asociación empresarial que el Consell trabajaba en la inspección de dichas plazas.
"Esperábamos a tener una información más completa antes de contestar", indicó el conseller. De esta forma respondió ayer Criado a las críticas de la patronal hotelera sobre el silencio de la Administración ante las 49 peticiones de verificación de plazas turísticas presuntamente ilegales remitidas por la organización empresarial al Consell en los últimos cinco meses.
Dificultades
Lázaro Criado explicó, no obstante, las dificultades que están encontrando los inspectores del Consell para realizar su trabajo. De hecho, en las 219 visitas realizadas sólo se han podido levantar 13 actas de constatación de hechos, ya que en la mayoría de los casos las viviendas se encontraban cerradas y no han podido ser inspeccionadas.
El conseller también advirtió de la dificultad que tienen los inspectores a la hora de constatar un alquiler vacacional ilícito al chocar su labor contra un derecho fundamental que asiste a los moradores de estas viviendas como es la inviolabilidad del domicilio.
"Para entrar a una casa necesitamos una resolución judicial y aunque logremos pasar sin ninguna orden y logremos detectar que el inmueble no tiene una licencia turística, el juez nos podría decir que las pruebas obtenidas no son válidas porque han sido obtenidas conculcando un derecho fundamental", comentó Criado. El responsable de Turismo admitió al respecto que los 13 levantamientos de acta anteriormente apuntados se realizaron sin orden judicial y, por tanto, cabe la posibilidad de que la carga probatoria lograda por los inspectores del Consell sea rechazada por un juez.
Dificultades que la Administración también encuentran cuando intenta probar la comercialización de las plazas turísticas presuntamente ilegales a través de la web, al existir jurisprudencia al respecto que no avala el anuncio en Internet como motivo suficiente para deducir un uso turístico. En este sentido, Criado recuerda una resolución judicial dictada hace unos años desfavorable a Consell tras denunciar una presunta comercialización ilícita de plazas turísticas a través de una web.
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