Maó. Los ingenieros de caminos proponen un túnel subterráneo para evitar la rotonda de La Salle - Paco Sturla

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Finales de septiembre es el plazo que se ha dado el equipo de gobierno para resolver las once alegaciones que se han presentado al Plan Director Sectorial de Carreteras. Así lo aseguraron desde el Consell, donde "las alegaciones están estudiándose una a una con la voluntad de aceptar todas aquellas que estén bien razonadas, primando las presentadas por particulares y aquellas que no se sustenten únicamente en criterios políticos", según fuentes de la institución insular.
Ilusión o escepticismo es el sentimiento con el que aguardan la resolución de estas alegaciones las siete entidades que las han presentado, a las que habría que sumar las interpuestas por cuatro particulares. Entre los optimistas, el colectivo que ha presentado, posiblemente, el informe más duro, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en las Illes Balears.

"Las alegaciones se presentan con la esperanza de que en alguna parte se nos escuche", asevera Pilar Sánchez Mateos, la secretaria técnica de la organización colegial. Sánchez confirmó que se había producido un contacto entre el conseller de Movilidad, Damià Borràs, y el decano de los ingenieros del archipiélago, Carlos Garau, a la vez que reconocía que habían sido muy contundentes en su informe, aún a riesgo de equivocarse.

"Siempre que se prepara un documento así no se sabe toda la génesis. Quizás se plantean propuestas y en la contestación averiguas que se descartaron en el pasado. Te puedes equivocar, pero contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Nos hemos volcado porque las carreteras son lo nuestro", argumentaba con franqueza esta veterana ingeniera.
La secretaria técnica añadió que el caso de Menorca -donde el plan de carreteras ha sido acusado de estar guiado por criterios políticos- no es raro. "Por lo que detectamos, todos los planes se están haciendo así. A los técnicos de la administración se les hace poco caso y acaban primando criterios políticos", comentó Sánchez.
También están confiados en Esquerra de Menorca-Esquerra Unida, formación que ha expresado sus reparos en torno a la vía orbital, el vial paralelo a la carretera general entre Ciutadella y Ferreries, el número de nuevos carriles lentos o la variante de Es Mercadal. "Sí tenemos esperanzas en que se estimen las alegaciones porque son lógicas y en el plan hay cosas a mejorar", manifiesta Jesús Barrasa, coordinador de EU-EM.

Asimismo, el GOB espera que se acepten algunas de sus tesis en aras a mejorar un documento que recoge "muchas propuestas inviables y otras contradictorias", en palabras de Miquel Camps. El responsable Ordenación Territorial recordó que la entidad ecologista apuesta por intervenciones que conjuguen la seguridad con la preservación del medio, desde la convicción de que la Me-1, la carretera general, "es el principal mirador de la Isla".

En la misma tesitura está el Ayuntamiento de Ciutadella. Su alcaldesa, Pilar Carbonero, confía en que no habrá problema para que se estimen las alegaciones relativas a la movilidad alternativa. "Creo que nuestras aportaciones en cuanto a carril velo se aceptarán porque están en la filosofía del plan", sostiene, si bien las que se refieren a la transferencia de competencias en materia de carreteras de la red secundaria dependerán, a su juicio, de cuestiones jurídicas, lo que puede determinar su futuro.

El panorama se ve radicalmente distinto en Unió Menorquina y la Asociación de Empresas de Transporte de Menorca. La formación que lidera Irene Coll centró sus alegaciones en la Me-1, con una propuesta elaborada y consensuada que vendría a resumirse en una "carretera biosférica", un vial conforme a la tipología de las rondas de Ciutadella y Maó, sostenible y funcional.

"Aunque las alegaciones fueron presentadas con ilusión y, a nuestro parecer, cargadas de razón, soy bastante escéptica sobre que el equipo de gobierno las considere porque ha encargado un plan a medida y porque la parte principal está condicionada por su socio minoritario", argumentó la líder de la formación menorquinista. Más pesimista era Joaquín Bisbal, presidente de ASTRAME, la gran defensora del desdoblamiento de la general. "Lógicamente, alegamos, pero tenemos muy pocas expectativas, por no decir ninguna", afirmó lacónico.