La polémica por el informe de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre la valoración de los terrenos de Santa Rita subió ayer un nuevo peldaño, después de que el Partido Popular tildara el documento de "informe político encargado a medida por Pilar Carbonero para intentar desacreditar la gestión del PP y extender sombras de duda". La acusación viene de la concejala del PP, Antònia Gener, responsable a su vez de la anterior tasación realizada por el Consistorio y que ahora tumba el documento de la UPC.
Gener critica, ante todo, que "lo que debería ser un informe técnico pierda su credibilidad al realizar consideraciones técnicas que no se sustentan demasiado y en cambio, aporte conclusiones políticas que no corresponden a un estudio de estas características". Sobre los criterios técnicos, Gener duda, por un lado, de que se apliquen valoraciones de suelo no urbanizable a los terrenos de Santa Rita, y por otro lado no entiende como la UPC considera que la edificabilidad en la zona debe ser del 40 por ciento, cuando el Plan Especial de Santa Rita especifica que ésta debe ser del doble, el 80 por cien.
La concejala considera que el informe realiza "argumentaciones técnicas muy opuestas a la sentencia del Jurado de Expropiación", la que hasta ahora dictaba un precio de expropiación diez veces superior al que considera la UPC. Para Gener, "la versión del Jurado de Expropiación es tan válida o más que la de la UPC", lo que le despierta dudas sobre el camino iniciado ahora por el Consistorio, intentando anular precisamente la sentencia del Jurado de Expropiación. "Se puede iniciar un expediente de lesividad, pero ya veremos dónde acaba y si hay alguna garantía de éxito", afirma, añadiendo que "esto supondrá retrasar aún más la tramitación para que Ciutadella puede tener unos nuevos juzgados y un centro de discapacitados".
La portavoz del PP admite que "es legítimo que el Ayuntamiento busque fórmulas para pagar menos, y si las encuentra, será fantástico, pero en este caso el informe de la UPC se carga la argumentación de un Jurado de Expropiación que me merece como mínimo la misma credibilidad que la universidad catalana, pues está formado por un magistrado, un notario, un abogado del Estado, dos arquitectos y un secretario". Gener se muestra dispuesta a "una discusión técnica sobre si se deben aplicar a los terrenos las valoraciones de suelo no urbanizable", tal como defiende el informe de la UPC en su página 20, al asegurar que "el suelo urbanizable no delimitado, mientras no se desarrolle el ámbito al que está adscrito mediante el correspondiente programa de actuación urbanística o Plan Parcial, tiene a todos los efectos el régimen urbanístico de suelo no urbanizable".
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