Isaac Pons de RosaCiutadella01/10/10 0:00
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El Ayuntamiento de Ciutadella remitirá a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación relativa a la desaparición de un expediente de disciplina urbanística después de pasar por las manos de la ex concejala de Governación, Antònia Salord. Así lo confirmó ayer la alcaldesa de la localidad, Pilar Carbonero, después de disponer del informe inicial que están elaborando los servicios jurídicos municipales y en el que se constata la necesidad de depurar responsabilidades por la desaparición de ese informe sancionador.

"Se trata de una decisión consensuada del equipo de gobierno, de remitir a la Fiscalía toda la documentación de que disponemos, para que ésta analice el caso y podamos llegar al fondo de la cuestión", afirmó Carbonero.

En estos momentos, los juristas municipales están todavía elaborando el informe, y se prevé que aún tarden unas semanas antes de tenerlo completamente redactado. Será entonces cuando el Ayuntamiento lo remitirá a la Fiscalía.

Denuncia
A finales del mes de junio, Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) hizo público que se había extraviado un expediente de disciplina urbanística relativo a una sanción de 21.379 euros impuesta a un miembro de la Policía Local presuntamente "afín" a Antònia Salord, un documento que ésta habría hecho desaparecer cuando fue alcaldesa accidental en el Consistorio de Ponent.

El 1 de julio, el portavoz de UPCM, Joan Triay, confirmó que su partido había presentado una querella en los juzgados contra Salord, por los presuntos delitos de prevaricación, destrucción o falta de diligencia en la custodia de documentos oficiales y malversación de fondos públicos en grado de tentativa. Una acción, la de UPCM, que Triay justificaba afirmando que "está perfectamente documentado que la señora Salord solicitó doce expedientes y devolvió tan sólo once".

En el pleno municipal de junio, UPCM solicitó información al equipo de gobierno en relación a los 172 expedientes que el juzgado había devuelto al Ayuntamiento después de tramitar algunos de ellos por vía penal, de manera que fuera el Consistorio quien se encargara de actuar por la vía administrativa contra el resto de los infractores.

A raíz de esa pregunta en el pleno, se supo que el 27 de febrero se le habían entregado a Salord doce expedientes que había solicitado, y que el 3 de marzo la edil devolvió tan sólo once.

Desde UPCM se explicó entonces que la peculiaridad del caso era que el expediente que no se devolvió a Urbanismo afectaba a un agente presuntamente "afín" a Salord, algo que hizo saltar las alarmas. Por suerte, y siempre según la versión de Triay, una confusión al recibir la petición de la concejal hizo que desde la concejalía responsable se hicieran fotocopias de los expedientes que se le entregaron, lo que posteriormente sirvió para proseguir la tramitación administrativa aunque sin los originales.

Tras la denuncia de UPCM, Antònia Salord desmintió rotundamente que ella se hubiera "pringado" por alguien. Sin embargo, el Ayuntamiento remitió a la portavoz del Grupo Mixto un requerimiento para que explicara lo sucedido con esos documentos, algo a lo que Salord nunca respondió.

Ese es otro de los motivos que llevan ahora al Ayuntamiento a remitir el caso a la Fiscalía, con el fin de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.