La crisis económica ha agudizado los casos de pobreza en la Isla, el riesgo de la exclusión social y ha acentuado las desigualdades en la sociedad menorquina. Los datos que aportan las entidades de acción social ponen en evidencia un incremento de las personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas y poder sobrevivir.
Para abordar la situación de la pobreza en Menorca y las posibles medidas para intentar erradicarla, Editorial Menorca organizó el pasado miércoles una nueva edición del Foro Menorca. Las dependencias del Taller Mestral de Ciutadella reunieron en una mesa de análisis y debate a Antònia Florit, secretaria general de Caritas; Carme Muñoz, miembro de EAPN-Balears (red para la inclusión social); Sara Pons Quevedo, coordinadora del Programa Llars de Cruz Roja, y Joan Allès, vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Menorca, moderados por la periodista Lola Maiques Flores. Participaron como invitados el director del diario "Menorca", Josep Bagur; Mar Pons, coordinadora del Área Social de Caritas; y Lina Borràs, de la gerencia de Caritas.
Los ponentes coincidieron en que si no hay mayor compromiso institucional y social, con la implantación de medidas directas, el riesgo de pobreza seguirá yendo en aumento en un momento en que no hay perspectivas de creación de empleo. Las entidades sin afán de lucro que trabajan en acción social tienen datos que preocupan.
Caritas, por ejemplo, lleva atendidas este año a 700 personas, de las cuales un 27 por ciento no tiene absolutamente ningún ingreso económico. O el caso del Programa Llars de Cruz Roja, que este año por primera vez ha detectado que los demandantes de una casa de alquiler no pueden pagar más de 400 euros al mes y que la mayoría son familias que viven con el subsidio de 426 euros de un solo miembro. Las representantes de las entidades de acción social incidieron en que sus presupuestos se ven reducidos mientras crece la demanda de recursos.
Una de las críticas es el incremento de las derivaciones desde los servicios sociales municipales que colapsan a las entidades sin ánimo de lucro. "Si seguimos es porque la solidaridad y las pequeñas aportaciones económicas y en especie crecen y por el trabajo de los voluntarios", recalcaron las invitadas al foro en representación de Caritas y Cruz Roja.
La mayoría de las personas que solicitan un recurso social lo primero que piden es trabajo, las demandas aparejadas están relacionadas con la formación laboral, una vivienda digna y las prestaciones básicas. La creación de empleo es clave, según el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria, para terminar con las situaciones de pobreza, que en la Isla es moderada, no extrema como en otros puntos del Estado.
Según Antònia Florit, en lo que llevamos de año Caritas sólo ha recibido 15 ofertas de empleo procedentes de las empresas. Las representantes de las entidades abogaron por incrementar la colaboración con el empresariado para hallar fórmulas de inserción laboral. En este punto, Joan Allès lamentó los casos en que los empresarios han contratado a personas con necesidad "y a la hora de la verdad no han respondido". En este punto, las técnicas de Caritas incidieron en que son necesarios programas de seguimiento y de promoción de la persona.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria abogó por aplicar propuestas como la del economista Guillem López Casasnovas, en el sentido de revertir la cuota de la seguridad social en un subsidio para fomentar nuevas contrataciones.
Los participantes en el Foro Menorca sobre la pobreza exigieron que la Administración ejerza su responsabilidad no sólo en la gestión eficiente, sino también en asumir las competencias establecidas por ley.
Antònia Florit destacó la necesidad de impulsar un plan insular de prestaciones básicas, obligado por normativa. Explicó que este plan para favorecer la inclusión social empezó a elaborarse por el Consell, pero su desarrollo ha quedado paralizado por la falta de recursos económicos. Como ejemplo, Caritas se encuentra con inmigrantes en situación irregular, que ya están excluidos de las prestaciones de la Administración, "a los que no podemos cerrar la puerta".
Las entidades de acción social también han visto como se retrasan las ayudas de la Administración por emergencia y que deben avanzar por la necesidad que hay. "Nos convertimos en los bancos de las administraciones", afirmó Carme Muñoz. Otro de los inconvenientes que encuentran es la falta de una red con todos los recursos sociales disponibles.
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