El día que se inauguró la oficina de CITUR en la planta baja del Ayuntamiento de Ciutadella, en julio de 2007, los trabajadores de las áreas de Turismo y Medio Ambiente debieron pensar que, pronto, la cara de Javier Liy, el flamante nuevo gerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico, iba a resultarles familiar. No era para menos. El pliego del contrato, en el apartado relativo a los "medios personales" a aportar por la empresa adjudicataria, especificaba sin margen de error que el equipo de gestión –que debía estar integrado, como mínimo, por un responsable o gerente y una persona de apoyo–, debería "permanecer adscrito al mismo durante toda la vigencia del contrato, con obligación de permanecer localizado en la localidad y en horario del servicio, el cual no podrá ser inferior a 35 horas semanales".
En teoría, Liy debía aparecer, por tanto, con relativa frecuencia por las nuevas oficinas de Ciutadella Turisme. Nada más lejos de la realidad. Pese a embolsarse la nada despreciable cifra de 48.000 euros brutos anuales por la gerencia del plan, las apariciones de Javier Liy Lozano por CITUR se convirtieron en la excepción que confirma la regla. Tanto, que llegó a convertirse casi en un perfecto desconocido para toda la plantilla. La ausencias de Liy pronto se convirtieron en un secreto a voces. La situación no pasó desapercibida para el concejal de Unió des Poble de Ciutadella, Joan Triay, quien, para salir definitivamente de dudas, solicitó por escrito hace unos meses un informe al Área de Turismo y Medio Ambiente, relativo al ex gerente del PDPT.
La respuesta se conoció hace poco. En un escrito fechado el pasado 13 de diciembre, los trabajadores de CITUR aseguran tener "constancia" que desde la apertura de las oficinas, en el verano de 2007, hasta la renuncia de Javier Liy a su cargo, el 15 de noviembre de 2008, la presencia del gerente del plan de dinamización en las dependencias municipales, "no era diaria, ni de 35 horas semanales".
La empresa de Javier Liy, SAB Tourism Environment & Tech Consultants, aparece señalada en las conclusiones de la comisión especial de investigación del caso CITUR, que reveló un extenso listado de irregularidades cometidas durante la estancia del Gabriel Cardona al frente de Ciutadella Turisme, como concejal de Turismo y Urbanizaciones del Partido Popular. Las conclusiones del caso se aprobaron en diciembre de 2009, antes de ser remitidas a la Fiscalía Anticorrupción. Como se recordará, la investigación interna –que se extendió por espacio de más de cinco meses– puso de relieve la existencia de presuntas irregularidades y malversaciones cometidas desde el área de Turismo, con la posible implicación de la empresa Servicios Ambientales de Baleares (SAB), a la que acabaría adjudicándose la gerencia del plan de dinamización. Los resultados del trabajo quedaron plasmados en 64 folios, donde se desgranan, una a una, las 51 conclusiones que se enviaron al fiscal, acompañadas de 101 documentos. Las conclusiones acreditaron que el ex concejal del PP y actual edil del Grupo Mixto, Gabriel Cardona, cometió, supuestamente, diversos ilícitos penales, entre ellos malversación, manipulación de documentos y contrataciones ilegales. El trabajo de la comisión implicó también al ex alcalde de Ciutadella, Llorenç Brondo, al ex edil Avel·lí Casasnovas –quien, como presidente de la comisión del Pla Mirall, firmó algunas de las adjudicaciones supuestamente irregulares–, al ingeniero mallorquín Daniel Aguiló, y a la consultora SAB, para la que trabajaba este técnico.
Entre las irregularidades denunciadas por la comisión, figura la manipulación de documentos. En algunos de ellos, se modifican fechas o se cambian partidas. También se dan pruebas de la contratación irregular de proyectos de redacción de obras. Incluso algunas obras ya ejecutadas vuelven a adjudicarse de nuevo, y se simula el procedimiento negociado. Por otro lado, se adjudican proyectos de redacción de obras con unos honorarios para el ingeniero, que siempre es el mismo, Daniel Aguiló Ferratjans, superiores a los recomendados por el Colegio de Ingenieros. En algunos casos, están un 800 por ciento por encima de las recomendaciones del órgano colegiado. En ocho de ellos, el Ayuntamiento de Ciutadella pagó 71.000 euros más de la cifra habitual. Las conclusiones apuntan también a que se realizaron adjudicaciones directas por importes superiores a los 12.000 euros, cifra límite estipulada por la ley para realizar este tipo de contratos.
Después que la comisión hiciera el inventario de estas irregularidades y de su envío a la Fiscalía, UPCM registraba el pasado mes de julio en el Decanato de los Juzgados de Ciutadella una querella criminal, de 80 folios, en la que asumía los resultados de la comisión de investigación y ponía nombres y apellidos a los presuntos responsables. El partido de Joan Triay pedía en este escrito 24 años de cárcel para Gabriel Cardona, Llorenç Brondo y Avel·lí Casasnovas. La querella se interpuso por siete presuntos delitos de prevaricación, concertación de fraude, tráfico de influencias, malversaciones de caudales públicos, falsedad en documento público, violación de secretos de los artículos 417 y 418 del Código Penal, y maquinaciones por alterar el precio de las cosas.
La Junta de Gobierno de Ciutadella adjudicó la gerencia del PDPT a la empresa de Javier Liy el 18 de octubre de 2006. SAB fue la única empresa que concurrió al concurso. Tras valorar la documentación técnica, la mesa de contratación acabó otorgándole 57 puntos.
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