Los informes jurídicos del Ayuntamiento de Maó avalan la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) por parte del equipo de gobierno con el objetivo de revocar la sentencia emitida por el tribunal de lo contencioso-administrativo número 1 de Palma que declara nulo de pleno derecho el convenio urbanístico firmado por el exalcalde, Arturo Bagur, y la promotora de los terrenos de la antigua fábrica de Catisa, Vertix.
El documento considera que la sentencia se basa "incorrectamente" en la prohibición de aprobar modificaciones puntuales del planteamiento general mientras no se ratifique definitivamente la revisión del PGOU al PTI. Sin embargo, el Ayuntamiento estima que el tribunal ha ignorado que, según la disposición final segunda del PTI, es factible la aprobación de modificaciones que afecten a una ordenación que deba legitimar la instalación y funcionamiento de equipamientos públicos y privados.
La sentencia del juez Francisco Úbeda Tarajano recoge además que el acuerdo no supone una mejora para el equipamiento mientras que tan sólo conlleva beneficios para la promotora. Según los informes jurídicos del Consistorio, el dictamen pericial "contiene graves imprecisiones y contradicciones a la hora e determinar cuál era la edificabilidad, las alturas, la profundidad edificable y el número de viviendas".
El Ayuntamiento puntualiza que el convenio solo contempla el aumento de una planta en la parcela mientras que el resto de las alturas estaban determinadas en el PGOU del 1987. En este punto, precisan que el aprovechamiento bajo cubierta, cuando está vinculado a las viviendas sitas debajo, no computa, tal y como establece el artículo 44.6.b del PGOU.
Por otro lado, los informes jurídicos municipales detectan una equivocación del perito al confundir el suelo urbano con el suelo urbanizable en relación al número de viviendas que es posible construir en la parcela.
Defensa
El alcalde de Maó, Vicenç Tur, insistió ayer en que el objetivo del convenio firmado con la promotora primaba en todo momento en el interés general y defendió una vez más la actuación del Ayuntamiento que, según dijo, pactó el cambio en la ejecución de un proyecto de edificación con la finalidad de que una parcela que iba a ser destinada únicamente a uso residencial privado pudiera contar con un equipamiento público.
Tur recalcó que la sentencia deja claro que no se aprecia mala fe por parte del Ayuntamiento o de la promotora. "Si hubiera alguna sombra de duda sobre la actuación del gobierno local no tan sólo estaríamos obligados a correr con los costes del proceso sino que el juez habría remitido el expediente a la Fiscalía", indicó el primer edil.
El alcalde admitió el incremento de la edificabilidad privada tras la firma del acuerdo, que paso de 8.904 a 9.447 metros cuadrados aunque matizó que la modificación puntual establece que, a cambio, Vertix había de ceder al Ayuntamiento un equipamiento público de 750 metros cuadrados.
En este punto, Tur calculó que los beneficios económicos que suponía el acuerdo para la promotora, que podía construir cinco unidades de viviendas más, eran de alrededor de 200.000 euros, mientras que el Ayuntamiento habría recibido un edificio de un valor que rondaría los 500.000 euros, donde estaba prevista la construcción de una escuela infantil y de un local social.
Ante estos datos, el alcalde exigió al PP que cese en su intento de "poner en duda" la actuación del Ayuntamiento y recalcó de nuevo que el equipo de gobierno "explicará claramente frente a la instancia que corresponda que se actuó en todo momento en defensa del interés general".
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