El llamado "caso de las ratas" se enjuiciará del 18 al 20 de mayo

La Audiencia Provincial de Palma celebrará los próximos 18, 19 y 20 de mayo el juicio contra seis acusados de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, malversación y tráfico de influencias en la compraventa de un solar en Ciutadella.

Con esta decisión se ha resuelto la duda sobre el futuro judicial de uno de los asuntos más mediáticos que se hayan vivido en la Isla en los últimos años. Tal y como publicó el Menorca el pasado 4 de febrero, el titular del Juzgado de lo Penal había examinado su falta de competencia al referirse los hechos a delitos penados con hasta seis años de prisión y la Audiencia debía decidir entonces si juzgaría el caso del "solar de las ratas".

Cuando se cumplen seis años de la comisión de los hechos que se ventilan en este caso, hasta ayer se estaba a la espera de que se determinara del órgano competente para su enjuiciamiento. En este sentido, a finales del pasado mes de enero Bartomeu Mesquida, el magistrado-juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Maó al que correspondió el procedimiento abreviado 250/2010 en el que se sustancian las actuaciones, remitió una exposición razonada a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a efectos de que decidiera lo que estimara oportuno acerca de su posible competencia.

En su auto, Mesquida explica que, en contra del parecer de una de las partes personadas -la defensa de Filomena Salord- procede que el órgano judicial examine de oficio su propia competencia sin esperar al inicio de juicio oral para plantear esa cuestión "a los efectos de evitar posibles nulidades procedimentales que a lo único que conducen es a la causación de dilaciones indebidas proscritas por el artículo 24 de la Carta Magna".

Realizada esta consideración y, a la vista de los escritos de acusación formulados por todas las acusaciones personadas, el magistrado-juez recuerda que en la causa se imputa a los acusados, entre otros, los delitos de falsedad en documento oficial y malversación
de caudales públicos castigados con penas de prisión de tres a seis años, lo que conduce
a que el Juzgado de lo Penal sea incompetente, por razón de la materia, para el conocimiento y fallo de la causa. Por este motivo, Mesquida considera que es competente para enjuiciar la Audiencia Provincial, órgano que debía tomar una decisión para que se pudiera señalar la fecha de juicio oral.