Ayer quedó visto para sentencia el juicio contra los guardias civiles D.F.L. y F.J.N.Q. acusados de colaborar en la introducción de droga en la Isla en 2008, a los que la Fiscalía solicitó 12 años de prisión y una multa de 134.455 euros por un presunto delito contra la salud pública, además de otros cinco procesados por la misma causa judicial: J.G.P. y D.R.J., nueve años de prisión; ocho años para J.M.M.O.; y seis años para J.M.S. y J.C.M. Los representantes de la defensa solicitaron la libre absolución de los acusados.
Los abogados defensores reiteraron la petición de nulidad de las pruebas obtenidas mediante las escuchas telefónicas, al considerar que la intervención telefónica primigenia no tenía motivación y vulneró las garantías constitucionales de los acusados. Así, todas las pruebas obtenidas a partir de esta primera prueba, por un efecto reflejo, quedarían anuladas. Además de este tema de forma, es decir, la nulidad de actuaciones por haber vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones, al no haber razón de ser para pinchar el teléfono de los guardias civiles en un primer momento, también se alegó en algunos casos la inexistencia de carga de prueba objetiva que acreditara que hubieran distribuido ningún tipo de sustancias estupefacientes.
Por su parte, el guardia civil F.J.N.Q. alegó que no era consciente de haber cometido un acto delictivo, mientras que el agente del mismo cuerpo D.F.L. aseguró haber actuado correctamente y argumentó la existencia de una disputa entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
El escrito de la acusación señala que J.G.P. introdujo cocaína en la Isla en al menos dos ocasiones, el 8 de noviembre y el 11 de diciembre de 2008, a través de diferentes vehículos que efectuaron la ruta marítima entre Barcelona y Maó en buques de la compañía Acciona. A su llegada a Menorca, la cocaína era distribuida por J.G.P. entre el resto de miembros de la supuesta red de narcotráfico, quienes están acusados de venderla al por menor. Los dos guardias civiles realizaban supuestamente las gestiones oportunas para que los vehículos pudieran pasar sin problemas los controles efectuados en el puerto de Maó a cambio de dinero, cocaína (sólo en el caso del agente D.F.L.) o diversos regalos.
Suspensión del juicio denegada
El juicio sobre la supuesta red de narcotráfico destapada en la Isla por la Policía Nacional en 2008 se inició el miércoles con la petición por parte de la defensa de la suspensión del mismo. Las estrategia pasó por solicitar la nulidad de las escuchas telefónicas de los acusados, que fue impugnada por la Fiscalía, con la aportación de la nueva documental sobre dichas diligencias. La solicitud de suspensión del juicio fue denegada por el Tribunal, que emplazó a los letrados a hacer efectivas sus alegaciones durante la lectura de conclusiones, que tuvo lugar ayer.
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