El ex presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de España (CEOE) y propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, Gerardo Díaz Ferrán, se ha desvinculado del presunto amaño el concurso para la explotación de amarres en el puerto de Maó, convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), al asegurar ante el juez instructor del caso Mar Blau que no intervino "para nada" en las negociaciones que se habrían llevado a cabo al margen del proceso y que tampoco sabe "nada de él".
Así lo ha puesto de manifiesto durante la declaración que ha prestado en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, en la que ha sido interrogado acerca del contrato por el que el Club Marítimo de Maó debía ceder de forma presuntamente irregular a Teinver -perteneciente a Trapsa- 13.500 euros y tres amarres valorados en 4,5 millones de euros, a cambio de que esta empresa se retirase del concurso. "No conocía el valor económico del contrato", ha aseverado el empresario.
Sí ha apuntado, sin embargo, al entonces consejero delegado del grupo, Juan Manuel Domínguez -también imputado en esta causa- como la persona que elaboró el contrato y "era quien tomaba las decisiones". Díaz Ferrán ha manifestado además que por aquella época -el contrato fue rubricado en octubre de 2005- estaba "muy desvinculado" de estas empresas. De hecho, en Teinver ha asegurado que "directamente" no tenía ninguna participación. Así, ha tildado de "falso" que fuese conocedor de estas presuntas irregularidades y de que la idea de ceder tres amarres partiese de él mismo.
Según las investigaciones, mediante este contrato se alcanzaba un acuerdo con el Club Marítimo para que éste, pese a haber quedado segundo en el concurso de amarres, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación y del proceso de adjudicación. Pero para ello, Trapsa debía renunciar a la adjudicación a cambio de recibir tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA, lo que quedaba establecido en la cláusula tercera del contrato.
En su declaración, que se ha prolongado durante cerca de dos horas, el ex responsable de la patronal española ha recordado que lo que Domínguez le comentó fue que estaba recibiendo sugerencias por parte de la APB para que se apartasen del concurso, a lo que le contestó que no se iban a retirar "nunca, como nunca nos hemos retirado de un concurso de ningún tipo de concesión". Es más, según ha relatado, le aseveró que si no se les adjudicaba impugnarían la convocatoria. "Cualquier contrato con el club náutico me parecían bien si estaba dentro de la legalidad", ha espetado.
Sin embargo, al ser preguntado por las "sugerencias" de la APB, ha endurecido su relato al manifestar que había una "presión" por parte del Club Marítimo de Maó para que resultase adjudicatario, si bien ha precisado que "esa sugerencia para retirarse no era a cambio de nada", considerando que "no habría sido normal que nos ofrecieran algo a cambio". No obstante, al ser inquirido por el fiscal Pedro Horrach, ha señalado que el contrato "no era para renunciar, sino para prestar servicios".
Una matización que ha llevado al fiscal a preguntarle qué sentido tenía asesorar al ganador si Trapsa se perfilaba como adjudicataria, Díaz Ferrán ha apuntado que "no estaba claro que nos fueran a dar la concesión".
CONCURSO DEL PUERTO DE IBIZA
Mientras tanto, el inculpado ha sido también preguntado en torno al supuesto trato de favor que recibió la empresa Serveis Marítims Port d'Eivissa (Semar) -depediente de Trapsa- en otro concurso para la gestión de los amarres de las instalaciones ibicencas, respecto a lo cual ha vuelto a cargar contra Domínguez: "no tengo ni idea de los concursos puesto que todo lo decidía el consejero delegado", ha incidido. En la misma línea, ha señalado que también fue este directivo quien decidió el canon para su oferta en este proceso -5,4 millones de euros anuales-.
En una comparecencia en la que en todo momento ha cargado responsabilidades contra Domínguez, el ex presidente de la CEOE ha explicado que éste decidía este tipo de cuestiones sin consultarle, alegando que así lo hacen "todos los consejeros delegados de las empresas de este país". Finalmente, ha negado que Trapsayates haya tenido contabilidad en negro y que Domínguez le llevase a Madrid 130.000 euros en efectivo.
Díaz Ferrán ha asegurado asimismo no conocer al presidente del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Verger, y al director de esta entidad, Ángel Matías, presuntos implicados en las investigaciones. El magistrado ha citado a declarar este martes al actual presidente de la APB, Francesc Triay, mientras que el miércoles serán interrogados Verger y Matías, todos ellos como imputados.
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