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El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Francesc Triay, ha asegurado en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Mar Blau que en ningún momento participó en el presunto amaño del concurso convocado por la entidad marítima para la explotación de amarres en el Port de Maó y ha defendido la forma como se llevó a cabo la tramitación del proceso.


Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, Triay ha recordado que la oferta que presentó Trapsayates, finalmente adjudicataria del concurso y propiedad entonces del ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, era la mejor posicionada en el concurso para conceder la gestión de los atraques, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Según las investigaciones, dos de los licitantes, el Club Marítimo de Maó y Trapsa, firmaron un contrato mediante el cual se alcanzaba un acuerdo a fin de que el primero, pese a haber quedado segundo en el concurso de amarres, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación y del proceso de adjudicación. Pero para ello, Trapsa debía renunciar a la adjudicación a cambio de recibir tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA, lo que quedaba establecido en la cláusula tercera del contrato.

En cualquier caso, pese a estas negociaciones Trapsa resultó finalmente la ganadora del concurso, tras desestimar el recurso presentado por el Club Marítimo por el que solicitaba declarar nulo el concurso al considerar que las bases en las que se formularon las propuestas quedaron "totalmente desfasadas".

Cabe recordar que durante aquel acto, Triay subrayó que se trataba "no de una decisión política", sino jurídica y administrativa, tras recordar que el pliego de bases y cláusulas de la convocatoria. Respecto a las empresas que concurrieron -Trapsa, Ocibar, Club Marítimo y Ribera del Puerto-, aseveró que todas cumplían los requisitos exigidos.

En aquella rueda de prensa, el presidente de la APB ya fue preguntado por la conversación mantenida a principios de 2005 entre su antecesor, Joan Verger, y el director de Autoridad Portuaria, Ángel Matías, con el máximo responsable del club marítimo, Luis Barca, para buscar una solución al margen del proceso de adjudicación, reconoció que hubo un "exceso de actuación" por parte de Verger para propiciar que el Club Marítimo mantuviera en su poder la concesión de los amarres, que poseía desde 1991.

"No ha sido una decisión fácil ni agradable", llegó a reconocer Triay sobre la adjudicación, e incidió en la importancia de haber desarrollado el concurso "cumpliendo la Ley". Respecto a la tardanza en ser fallada la convocatoria, recordó que llevaba en el cargo desde julio de 2007 y que Verger "no vio la posibilidad de llevarlo al Consejo de Administración". A su vez, negó haber recibido presiones políticas sino que, hasta darse a conocer el fallo, hizo "las consultas pertinentes a los representantes del Consejo".

Trapsayates

El ex consejero delegado de Trapsayates, Juan Manuel Domínguez, imputado en el caso que investiga el presunto amaño del concurso para la adjudicación de amarres en el Port de Maó, ha defendido que su actuación en este proceso vino dada por las instrucciones que recibió del entonces propietario del conglomerado Trapsayates y ex presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, a pesar de que éste se ha desvinculado de las negociaciones que presuntamente se llevaron a cabo al margen de la convocatoria.

Así lo ha puesto de manifiesto en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, encargado del caso Mar Blau, en la que ha defendido que no tenía capacidad de decidir si Trapsa debía retirarse del concurso en favor del Club Marítimo de Maó a fin de que éste, una vez resultase ganador, cediese al grupo empresarial tres amarres valorados en 4,5 millones de euros así como 13.500 euros, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

Así, el encausado, hacia quien Díaz Ferrán apuntó en todo momento ante el juez como la persona que tomaba las decisiones en torno a estas supuestas irregularidades, ha negado este extremo y ha mostrado su indignación por estas acusaciones. El ex directivo de Trapsa ha aseverado que en ningún momento intentó que la compañía se echase hacia atrás ya que ésta optaba a la adjudicación del concurso y se intuía que iba a ser la ganadora.

Asimismo, ha manifestado que cualquier novedad que surgiese de este proceso había que transmitírsela a Díaz Ferrán, con quien mantenía mayor contacto que con el socio de éste en Trapsa, Gonzalo Pascual. Domínguez se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones particular y popular personadas en el caso.


Cabe recordar que el ex apoderado de la empresa Teinver -accionista de Trapsayates-, Pedro Carmelo Hernández, quien rubricó el contrato por el que el Club Marítimo de Maó alcanzaba el acuerdo con Teinver para que ésta se apartase del concurso, apuntó la pasada semana Domínguez como la persona que le entregó el documento ya redactado para su firma.