Los trabajadores de Quesería Menorquina quieren adquirir y controlar la empresa para su conversión en una sociedad laboral. La compra de las participaciones de la factoría menorquina que actualmente están en manos de Carcesa -la sociedad del grupo Nueva Rumasa propietaria del cien por cien de las acciones- se realizaría por un valor simbólico de un euro al tratarse de una empresa en suspensión de pagos. No obstante, el valor del capital social de Quesería asciende a 1.703.010 euros. Al menos ésta es la cifra de las acciones calculada por los propios empleados en la propuesta impulsada por un grupo de trabajadores para crear la sociedad laboral y que ha sido recientemente comunicada a la plantilla. El proyecto, aseguran, permitirá luchar por la subsistencia de la fábrica y por el mantenimiento del mayor número posible de puestos de trabajo.
El nuevo proyecto deja en manos de tres reconocidos directivos de Quesería el 51 por ciento de las participaciones y el resto a repartir entre los trabajadores que quisieran participar y convertirse en socios de la nueva sociedad laboral. Así, cada uno de los tres directivos serían propietarios del 16,99 por ciento de las acciones y deberían adquirir 289.472 participaciones con un valor nominal de un euro cada una de ellas. El colectivo de trabajadores adquirirá, según esta propuesta, 834.592 participaciones del capital social. La empresa cuenta con un total de 176 trabajadores, lo que representa que cada uno de ellos podrá comprar 4.742 participaciones.
Esparza, Tutzó y Vecillas
Los tres directivos son Jesús Esparza, actual director general de la empresa; Francisco Tutzó, consultor de la empresa, y Manuel Vecillas, director de fabricación de Quesería. Los tres formarían parte de un consejo de administración compuesto por cinco miembros que se encargará de gestionar la sociedad. Los otros dos consejeros serían Jesús Villar, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, -quien recibiría una retribución por el desempeño de su cargo cuando la empresa tenga tesorería suficiente para este fin- y Jesús Fernández Sánchez, director general del ISBA (Sociedad de Garantía Recíproca), un profesional del mundo empresarial y financiero que conoce la fábrica al realizar análisis de Quesería por encargo directo del Govern.
Para garantizar la intervención de los socios trabajadores en la toma de decisiones importantes de la empresa se modificarán los estatutos a fin de exigir una mayoría del 70 por ciento del capital social en los acuerdos de la junta de socios. Además, el actual director general de Quesería, Jesús Esparza, sería designado como consejero delegado.
Sin garantías
La propuesta impulsada por los trabajadores que lideran el proyecto de compra de la fábrica deja claro que pueden producirse variaciones en la concreción de esta ambiciosa iniciativa. Incluso recalca que la compra de la empresa no garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de quienes se hayan sumado o no al proyecto y ni tampoco que esté asegurada la salvación de la propia empresa. El lunes 4 de abril finalizó el plazo para la aprobación de esta iniciativa. En la actualidad se elabora el listado de los trabajadores que se han sumado a la propuesta y se procede al cálculo de las cantidades exactas que deberán aportar al proyecto.
La operación de compra implica un gasto inicial de 60.000 euros
El primer paso a dar por los trabajadores antes de crear la sociedad laboral será la compra de las acciones de Quesería a Carcesa, actualmente también en fase concursal. Según la propuesta entregada a los trabajadores, Nueva Rumasa no pondría objeción a la venta de las participaciones, si bien será necesario contar con la conformidad de la administración concursal de Carcesa y del juez.
La intención de los trabajadores es presentar en el Juzgado de lo Mercantil una oferta de compra de todas las participaciones de Quesería por el precio simbólico de un euro, ya que el valor del patrimonio neto de la empresa es actualmente negativo. Los trabajadores tienen previsto exponer al juez que la operación no es perjudicial para Carcesa, porque las participaciones actualmente no tienen ningún valor, en cambio, la venta incrementaría las posibilidades de salvación de múltiples puestos de trabajo.
Aún así, los gastos iniciales que implicará esta tarea (asesoramiento jurídico, fiscal y económico) han sido cuantificados en 60.000 euros. De tal forma que la plantilla de Quesería deberá realizar una aportación en depósito de 10.200 euros en el caso de cada uno de los directivos y de 29.400 euros por parte del conjunto de los trabajadores a razón de 167,04 euros cada uno. Los trabajadores que promueven el proyecto de crear la sociedad laboral aseguran que la plantilla tiene la experiencia y el conocimiento necesario para continuar el negocio. Asimismo, el nuevo equipo directivo contactará con los clientes y operadores económicos y sociales relacionados con Quesería para explicarles el nuevo proyecto y la nueva etapa que pretende afrontar la fábrica.
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