Pista. Esbert afirma que la gente que va a Tonic no es conflictiva - Archivo

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Las posturas enfrentadas en torno a la actividad de la discoteca Tonic, en la urbanización de Son Vilar, continúan, pero el local seguirá abriendo sus puertas porque de lo contrario "me voy a la ruina", declaró ayer uno de sus propietarios, Carlos Esbert. La apertura de la discoteca de Es Castell, pese a la notificación de la orden de cierre en la noche del viernes por la Policía Local, sigue generando controversia en el municipio, en la calle y en internet, e incluso se ha convertido en tema de campaña electoral, con el sondeo de algunos partidos políticos a los vecinos a través de las redes sociales.

Mientras tanto, la propiedad de la discoteca ha presentado al Ayuntamiento la documentación relativa al plan de seguridad del establecimiento, tal y como confirmó ayer el alcalde de la localidad, Juan Cabrera, y está siendo ahora evaluada por los servicios técnicos del Consistorio para determinar si la orden de cierre se levanta o si, por el contrario, se opta por la vía ejecutiva para obligar a la clausura. "No quiero entrar en polémicas", afirmó Cabrera, "el cierre se ha ordenado por falta de documentación y el Ayuntamiento tiene que hacer cumplir la normativa y velar por los derechos de los vecinos". Según el alcalde, la actuación municipal "no va en contra de nadie, los servicios jurídicos nos dirán qué pasos debemos dar".

La Policía Local que acudió al local levantó acta de constancia de su apertura, según explicó el alcalde, y la orden de cierre sigue vigente.

"No tiene fundamento"

La parte afectada por la decisión municipal, la propiedad de Tonic, opina por el contrario que la orden de cierre "no tiene fundamento" y sobre la documentación reclamada, asegura Esbert que "hemos presentado el plan de autoprotección tres veces, es una normativa que no se puede exigir, porque el plazo para adaptarse finaliza en 2013, pero el Ayuntamiento interpreta la norma como quiere".

Respecto al funcionamiento de la discoteca, Esbert aseguró que los propietarios han invertido 20.000 euros en la reapertura, después de permanecer cinco años cerrados, y no pueden permitirse el cierre "para ir al paro". Además recordó que si el Consistorio pierde la apelación presentada "pediremos una indemnización por estos años que será de más de un millón de euros".