Ametller apuesta porque el Estado compre suelo protegido

Francesc Ametller ha reconocido haberse reunido en dos ocasiones con representantes de Playas de Tirant, que le transmitieron su propuesta para que los terrenos fueron adquiridos por la Administración pública, atendiendo a los valores medioambientales de los mismos. En este sentido, Ametller señala que una opción válida para llevar a cabo esta operación sería mediante la implicación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que en la pasada década ya formalizó la compra de fincas de la Isla para la protección del litoral.

La sociedad Playas de Tirant presentó el pasado 13 de enero en los registros de entrada del Ayuntamiento de Es Mercadal y del Consell una propuesta de adquisición de una docena de fincas agrupadas con una superficie global de más de 64 hectáreas. La oferta se fundamentaba en el interés de las Administraciones por preservar los terrenos situados en el margen izquierdo de Cala Tirant, que se hizo efectivo con la aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). Por ello, la propiedad pública de los terrenos facilitaría el desarrollo de políticas de fomento de la cultura histórica y del conocimiento de la vegetación y la fauna autóctonas, según ha señalado la sociedad propietaria.

En efecto, las DOT clasificaron los terrenos propiedad de Playas de Tirant como suelo rústico protegido con las diferentes calificaciones de Área Natural de Especial Interés y Área de Protección Territorial. Por ello, el Ayuntamiento de Es Mercadal denegó en agosto de 1999 la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de Cala Tirant.
Antes de la entrega de la petición escrita al Consell y el Ayuntamiento, la sociedad propietaria mantuvo conversaciones con sus representantes para que, de una manera coordinada y consensuada, pudieran incluir la operación de compra de los terrenos en el programa de adquisiciones impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

No obstante, ya han pasado casi seis meses desde la presentación de la propuesta de compra y la propiedad ha expresado su desazón por la falta de respuesta oficial de las dos Administraciones públicas.