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El portavoz del Grupo Socialista y expresidente del Consell, Marc Pons, defendió ayer que todas las decisiones económicas tomadas por su equipo de gobierno en el anterior mandato "están dentro de la más estricta legalidad" y aseguró que la institución tendría superávit, y un ahorro neto positivo, si se incorporara en el análisis la entrega a cuenta de 7,5 millones de euros por parte del Govern.

El actual gobierno insular admitió la existencia de dichos anticipos -de los que se habrían cobrado 3 millones-, pero sin saber, explicó la consellera de Servicios Generales, Pilar Pons, si dichas cantidades tienen que ser retornadas o no al Govern.

"Sorprende que digan que no saben de dónde vienen", declaró Pons en respuesta a las críticas del equipo de Santiago Tadeo, ya que se trata, recordó, de aportaciones acordadas con el Ejecutivo balear en cumplimiento del nuevo sistema de financiación que contempla el Estatut d'Autonomia.

Al margen del cobro de la deuda de 25,2 millones de euros que mantiene la Comunidad Autónoma con Menorca, el expresidente del Consell considera que dichos anticipos bastarían para equilibrar una situación económica que califica de "ajustada" pero saludable. Incluso señaló que el endeudamiento de la institución se redujo varios puntos en 2010 y puede mantenerse en un 70 por ciento de los ingresos al final de este ejercicio "si no se tumban en una hamaca", afirmó irónico el líder socialista, a la vez que confió en que el nuevo gobierno "tenga capacidad y fortaleza de seguir consiguiendo recursos para Menorca, y que no se deje llevar por las dinámicas de Mallorca".

Tirar de la manta
Pons recordó que, al asumir el poder, Tadeo afirmó que "encararía el futuro" y no se ordenaría ninguna auditoría, pero "cinco días después Bauzá se lo encargaba, era necesario tirar de la manta en un lugar en el que llevaba doce años gobernando la izquierda, y por fin ha llegado el momento, se han presentado los números".

Un análisis que, según el portavoz del Grupo Socialista, provoca la pérdida de confianza de los ciudadanos en la institución. "Espero que no se pasen cuatro meses más echando la culpa al anterior equipo de gobierno", manifestó Pons, ya que, añadió, "tienen un cojín suficiente, si llegan recursos los saldos serán positivos, y el trabajo de estos meses serán muy importantes, ahora parecen estar más preocupados por buscar culpables que por afrontar soluciones y esforzarse por buscar respuestas", recalcó.

En cuanto a la auditoría, Pons afirmó que "no ha habido ninguna sorpresa, esa información había sido ya explicada, presentada y debatida en los plenos, y el PP tenía acceso a ella desde la oposición, se pone en evidencia que existía transparencia". Después de tres mandatos, afirmó el expresidente, "se puede explicar a dónde ha ido cada euro, porque todo está perfectamente detallado", aseguró Pons, defendiendo la "honestidad" de su gobierno.

Facturas

El socialista, acompañado de los consellers Noemí Gomila y Joan Marqués, también compañeros de equipo en el anterior mandato, subrayó que el Consell está al corriente del pago de facturas y que "no hay empresas llamando a la puerta como quieren hacer ver". Pons especificó que estar al día en las facturas supone el pago de las mismas dentro del plazo de 60 días, y sobre la cantidad de 4,5 millones que cita la auditoría interna, "es acumulada de dos meses, y dos certificaciones de las obras de la variante pueden muy bien superar dicha cifra".

Según el expresidente, la morosidad del Consell se debe medir por el tiempo que tarda en pagar las facturas, no por la cuantía de las mismas, "querer hacer ver algo diferente es falta de rigor", aseveró. Igualmente, Pons recordó que las compensaciones con los ayuntamientos se realizan cada 90 días, y que el uso de partidas finalistas es legal, "nosotros priorizamos el pago a terceros, como haría una familia o una empresa, que no se magnifique como si fuera algo malo", afirmó el conseller, quien subrayó que "todo esto se sabe, no es nuevo", alegando que es el funcionamiento habitual de la Administración.