El Ayuntamiento de Maó tenía hasta el pasado mes de junio 1.700 facturas de proveedores pendientes de pago, algunas de ellas de los años 2008 y 2009, por un importe de 8,5 millones de euros. El equipo de gobierno del PP ha liquidado facturas por valor de 4 millones, según ha anunciado hoy la alcaldesa Águeda Reynés en una rueda de prensa para hacer balance de los 100 días de gestión municipal.
El Ayuntamiento de Maó mantiene una deuda de 27 millones de euros, de los que 24 son a largo plazo, mientras que el vencimiento de los tres restantes es el 31 de diciembre.
Agueda Reynés ha señalado que el nuevo equipo de gobierno ha detectado una serie de facturas no contabilizadas por importe de 916.000 euros. Además, constata la existencia de convenios urbanísticos que aún no estaban firmados, entre ellos, el parking de Vassallo y el tramo de la calle Josep Anselm Clavé.
Reynés recuerda la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a readmitir al anterior interventor municipal, hecho que calificó de "regalo envenenado" del anterior gobierno municipal de izquierdas, porque representará el pago de una indemnización de 150.000 euros.
Águeda Reynés asegura que "en un plazo de tres o cuatro semanas" el Ayuntamiento aprobará de forma definitiva el PGOU del municipio, tras constatar la importancia de culminar el proceso administrativo del nuevo planeamiento municipal.
La alcaldesa también ha explicado los pasos que se han realizado para obtener por parte del Govern balar una demora en la ejecución de los proyectos de saneamiento de la costa, debido a las dificultades financieras por las que atraviesan los municipios, ya que en caso contrario los ayuntamientos no habrían podido conceder licencias de obras.
Además, Reynés asegura que más de 50 expedientes de disciplina urbanística abiertos en los últimos cinco años no han sido resueltos, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales al no haberse ingresado las correspondientes sanciones económicas aplicables según las ordenanzas municipales.
Asimismo, señala que el equipo de gobierno deberá afrontar algunos asuntos urbanísticos que han quedado sin resolverse, como el convenio con la promotora Vertix Procam, en relación al solar que ocupaba Catisa, y la antigua residencia sanitaria, entre otros.
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