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El Govern balear aporta cada año una determinada cantidad económica al Consell para que esta administración pueda pagar la renta mínima de inserción social, una ayuda que se presta a aquellas personas que no tienen otros medios para satisfacer sus necesidades básicas. A finales de mayo, el dinero que este año aportaba el Ejecutivo autonómico, 235.285,02 euros, se agotó, y desde ese momento, es el Consell quien financia este programa, que ya le ha supuesto un coste de 162.000 euros. Ahora, la institución insular resta a la espera de lo que haga el Ejecutivo autonómico, y de saber si realiza una aportación extraordinaria como ha hecho en los últimos años.

La situación es incierta, según admite la consellera de Bienestar Social, Aurora Herraiz. "Yo insisto cada día en la necesidad de recibir este dinero extraordinario, pero parece que el Govern ha cerrado el grifo de cualquier aportación extraordinaria", explica. Mientras el Ejecutivo autonómico no se defina, deberá ser el Consell quien asuma el coste del programa, aunque quien realmente soporta a día de hoy el impago es Cáritas, ejecutora del proyecto.

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